El tribunal encargado de la investigación de la Operación Azud II considera a los detenidos en esta trama de mordidas urbanísticas como parte de un grupo criminal.

Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que atribuye los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de dinero, tráfico de influencias y asociación ilícita, además de pertenencia a grupo criminal, a los catorce detenidos en la reciente macroperación ejecutada por la UCO de la Guardia Civil.

Una vez la Guardia Civil ha finalizado sus diligencias, el exsubdelegado del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Rafael Rubio, el exvicalcalde de València, Alfonso Grau, y el resto de detenidos en la operación contra la corrupción comparecen ante la jueza.

En la lista de los detenidos que declaran ante la magistrada figuran, además otros dos políticos, así como el empresario valenciano Federico Ferrando -hermano de Rafael Ferrando, expresidente de la patronal valenciana- y el responsable de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra, José Luis Vera.

El caso Azud investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de València.

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La titular del Juzgado sigue tramitando una instrucción que nació en 2017 pero que no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención del abogado y cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, José María Corbín.