Un funcionario de prisiones fue agredido este lunes por un interno en el Centro Penitenciario Madrid-VI, en Aranjuez, y se encuentra pendiente de valoración tras pasar por un centro hospitalario. Los hechos han sido comunicados al Juzgado de Guardia, según han indicado fuentes de Instituciones Penitenciarias.

La agresión se produjo sobre las 20.15 horas cuando un interno quedó fuera de su celda en el momento del cierre y retrasó con ello la clausura en el módulo 7 de la prisión. El funcionario apercibió al interno y este le agredió con varios puñetazos en la cara, según ha informado la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).

"Aquí mandan los presos, no tú", dijo el interno antes de lanzarse sobre el funcionario y propinarle varios puñetazos en la cabeza y dejarle semiinconsciente. Además, seguidamente se encaró con otros funcionarios que intentaban ayudar a su compañero. Finalmente, el interno fue reducido por los funcionarios y trasladado al departamento de aislamiento. Por su parte, el trabajador de Instituciones Penitenciarias fue atendido en un primer momento por los servicios médicos del centro y posteriormente trasladado al hospital.

El funcionario presentaba varias heridas en la cara y se encuentra pendiente de valoración, han indicado fuentes de Instituciones Penitenciarias, que han señalado que los hechos han sido comunicados al Juzgado de Guardia.

Tras esta nueva agresión, desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) han vuelto a reclamar que se reconozca a estos trabajadores como agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, "pues estos actos sólo implican sanciones regimentales, para que conlleve sanción penal tienen que llegar a ocasionar a los trabajadores lesiones graves".

Asimismo, ha reclamado al Ministerio del Interior un Estatuto Propio para los funcionarios de prisiones como marco normativo para su Institución, así como una correcta adecuación de los medios coercitivos al siglo XXI con la aprobación de pistolas taser y un incremento de las plantillas para ajustarlas a las necesidades reales de los centros penitenciarios para "minorar las agresiones que padecen los trabajadores penitenciarios", además de una equiparación con los funcionarios que desempeñan su labor en Cataluña.