Beatriz Sánchez, a la que el sumario del caso Titella perfila como la presunta encargada de gestionar la administración y contabilidad de las empresas de José Luis Moreno, ha contado este viernes al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que es una abogada laboralista que solo trabajó para el productor de televisión en ese ámbito, asegurando que carece de conocimientos contables.

Los investigadores señalan a Sánchez como una suerte de 'mano derecha' de Moreno que se ocuparía de llevar las cuentas, así como de coordinar el resto de empleados del ventrílocuo, en especial con lo relativo a la elaboración y al cobro de facturas, además de buscar inversores privados para los proyectos cinematográficos que ideaba.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Sánchez ha expuesto al titular del Juzgado Central de instrucción Número 2, ante el que ha declarado este viernes como imputada, que ella es una abogada laboralista cuya relación profesional con Moreno se limitaba precisamente a ese ámbito, recalcando que no tiene ningún tipo de formación en contabilidad.

Además, ha querido aclarar que no era empleada de Moreno, sino una colaboradora externa que tenía su propio despacho. A este respecto, ha precisado que el productor audiovisual era solo uno de sus muchos clientes y que los honorarios que le facturaba representaban en torno al 30 por ciento del total de sus ingresos profesionales.

Dos empleadas de Moreno que declararon el pasado miércoles también como imputadas, Cristina Muñoz y Rosa Santamaría, al ser interrogadas sobre su relación con Sánchez, dado que los investigadores la describían como su superior jerárquica, sostuvieron asimismo que era una abogada laboralista a la que solían consultar todo tipo de dudas legales.

Moreno se jactaba de que descubrió a Abba

Sánchez ha contestado solo a preguntas de su abogado, si bien le han confrontado a una de las conversaciones reflejadas en el sumario donde habla con otro de los imputados, Pascal Jean Jorgen. En esta charla, de acuerdo con las fuentes consultadas, ambos se limitan a comentar la figura de Moreno, expresando su sorpresa ante algunas de las afirmaciones del empresario, como que fue quien descubrió al cuarteto sueco Abba.

El otro investigado que ha comparecido este viernes ante el juez Moreno, Ramón Sánchez Pacios, se ha acogido a su derecho a guardar silencio

Interrogada sobre esta conversación, que ha sido reproducida en la sala, Sánchez ha optado por no declarar amparándose en que no había tenido acceso a la misma hasta ese momento. El otro investigado que ha comparecido este viernes ante el juez Moreno, Ramón Sánchez Pacios, se ha acogido a su derecho a guardar silencio escudándose igualmente en la falta de acceso a las actuaciones judiciales.

El instructor dio un nuevo impulso a las pesquisas de Titella al acordar para esta semana una ronda de comparecencias con una docena de investigados, si bien finalmente solo han acudido siete, de los cuales dos -Sánchez Pacios y Natalia Fernández, la sobrina de Moreno- se han negado a declarar.

En libertad condicional

Moreno es uno de los principales imputados en la Operación Titella, cuya investigación comenzó en 2018 y eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario que habría causado un perjuicio económico de 85 millones de euros, conforme a los cálculos de la Fiscalía.

Acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, el productor de televisión está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.

El instructor le impuso una fianza de tres millones de euros que el ventrílocuo presentó 'in extremis' en forma de aval hipotecario, lo que le obliga a cubrir el doble de la cantidad requerida, es decir, seis en lugar de tres millones.

De acuerdo con el sumario del caso, al que tuvo acceso Europa Press, la Policía Nacional sospecha que Moreno mantendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero.

Estafa y blanqueo

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.