Francisco Javier Almeida, detenido como presunto autor de la muerte del niño de 9 años el pasado jueves en Lardero (La Rioja), estuvo sometido, desde que el 8 de abril de 2020 un juez le concedió la libertad condicional, a 16 intervenciones de seguimiento, entre ellas una visita de funcionarios a su actual domicilio.

Fuentes penitenciarias han indicado que el juez que ordenó su libertad condicional impuso una serie de condiciones a Almeida, como comunicar cualquier cambio de domicilio, la búsqueda de trabajo o cada dos meses acudir a la oficina de gestión del Servicio de Penas y Medidas Alternativas de la prisión de Logroño.

Esos controles bimensuales consistieron en entrevistas presenciales pero también en contactos telefónicos e incluyeron, por ejemplo, la comunicación por parte del condenado de la incorporación a un trabajo y, tiempo después, de que había ampliado su horario laboral.

A finales de 2020 también solicitó al juez un cambio de domicilio a la vivienda en alquiler donde fue arrestado el pasado jueves y que el juzgado autorizó.

Ya en 2021 las actuaciones de seguimiento habituales fueron más numerosas, con hasta once intervenciones en las que Almeida cumplió con los controles bimensuales, presentó distintos justificantes de pago de la responsabilidad civil de la condena, entregó una copia de su contrato laboral, del de alquiler o recibos de nómina.

Una de estas once actuaciones consistió en la visita a su domicilio de los funcionarios de seguimiento de la libertad condicional para, precisamente, cerciorarse de que Almeida estaba cumpliendo con los requisitos impuestos por el juez.