Marisol Burón Flores, la madre de Marta Calvo, ha recibido esta tarde el apoyo de Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, a las puertas del Congreso de los Diputados donde en estos momentos se encuentra ya registrando la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca la aprobación de un nuevo delito en el Código Penal: el de ocultación de cadáver tras el asesinato que, a su juicio, debería estar penado con entre 6 y 10 años de cárcel.

La madre de Marta Calvo, flanqueada por su portavoz, el psicólogo emergencista Mariano Navarro, y Antonio del Castillo y sujetando la pancarta con el nombre de la plataforma que lleva el nombre de su hija, ha vuelto a reiterar a las puertas del Parlamento español a Levante-EMV que "no pararé hasta conseguir que se tengan en cuenta los derechos de mi hija y de otras que, como ella, han sido asesinadas y sus cuerpos no han sido encontrados porque sus asesinos se han negado a hablar". Marisol confía "en que el Congreso dé el visto bueno a nuestra iniciativa legal para ponernos de inmediato a recoger el medio millón de firmas necesario para convertir esta iniciativa en un cambio legal real. No puede seguir saliéndoles gratis callar".

Ese cambio legal ya fue propuesto por el Partido Popular en 2018, bajo la fórmula de proposición no de ley, pero no prosperó. Precisamente por ello, la diputada del PP por Alicante Macarena Montesinos ya se ha puesto en contacto con Marisol Burón y está previsto que se reúna con ella esta misma tarde en el Congreso para mostrarle su apoyo en este proyecto.

No es el único partido político que le ha mostrado su apoyo. Fuentes de la comisión gestora de la Plataforma por Marta Calvo. ¿Dónde están mis derechos? que lidera Marisol Burón y a la que también pertenece Mariano Navarro, han confirmado que "todos los grupos políticos con representación parlamentaria, a excepción de Unidas Podemos y Vox, se han puesto ya en contacto con Marisol para mostrarle su solidaridad y su comprensión".

Clara Campoamor ejercerá la acción popular en el caso Marta Calvo

El endurecimiento de las penas en casos como los de Marta Calvo o Marta del Castillo, en los que sus autores, ya sean presuntos, como Jorge Ignacio P. J., que aún no ha sido juzgado, o Miguel Carcaño, condenado y cumpliendo esa pena en prisión, se han negado sistemáticamente a revelar dónde están los cadáveres de sus víctimas, buscando así una menor responsabilidad penal al no poder someter el cuerpo a la autopsia, es una petición recurrente en la historia criminal y judicial española reciente.

Por esa razón, no solo partidos políticos, sino distintas asociaciones y colectivos de lucha por los derechos de las víctimas han mostrado interés por esta iniciativa. En algunos casos, como el de la asociación Clara Campoamor, creada en 1985 para luchar por la igualdad y los derechos de las mujeres, ha sido un paso más.

La entidad no solo apoyará la plataforma creada por la madre de Marta para liderar la recogida del medio millón de firmas que se requiere para sacar adelante el cambio legal, sino que, además, ha anunciado que se personará como acusación popular en el procedimiento de jurado que se sigue contra el presunto asesino en serie Jorge Ignacio P. J. por once asesinatos, tres de ellos consumados -los de Marta Calvo, Lady Marcela Vargas y Arliene Ramos- y otros ocho en grado de tentativa