Existían las herramientas para haber evitado la descoordinación judicial que permitió que el padre del pequeño Jordi, condenado por violencia de género, accediese a tener custodia compartida e incluso a un régimen de visitas con su hijo, al que asesinó presuntamente hace ocho días. El Ministerio de Igualdad ha asegurado que en sólo tres minutos un juzgado de familia puede consultar si un hombre ha sido condenado por maltrato o pesan sobre él medidas cautelares por esta razón y es algo que debe comprobarse en todos los procesos de divorcio y separación.

El asesinato de este niño de 11 años en Sueca (Valencia) ha llevado al Ministerio de Igualdad a hacer un análisis sobre los posibles fallos del Estado a la hora de proteger a la madre -que denunció violencia de género- y a su pequeño. A pesar de que un juzgado dictó sentencia condenatoria firme contra el hombre por maltrato machista, otro juzgado de la misma localidad dio el visto bueno un mes después un divorcio de mutuo acuerdo con custodia compartida del hijo.

La diligencia debida

Numerosas voces han solicitado la puesta en marcha de un sistema de alertas que avise a los juzgados de familia de que hay un procedimiento por violencia de género, otras piden cambios legales que obliguen al sistema judicial a cerciorarse de que no hay una situación de violencia antes de emitir las sentencias de divorcio. Sin embargo, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha aseverado que no son necesarias ni modificaciones legales ni instrumentos nuevos.

Y no son necesarias, ha explicado en rueda de prensa, porque España está obligada a garantizar la diligencia debida con las mujeres y sus hijos, esto es, que las instituciones hagan todo lo que está en su mano para protegerlos. Y esa diligencia debida para por consultar el Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), una base de datos que en tan sólo tres minutos permite comprobar si un hombre está condenado por maltrato o pesan sobre él medidas cautelares por este mismo motivo, como órdenes de alejamiento.

Rosell ha indicado que todos los órganos judiciales tienen acceso al SIRAJ para conocer si existen medidas de alejamiento: "Entendemos que dentro del deber de la diligencia debida ya se encuentra darse de alta y tener en cuenta todas las plataformas a las que tienes acceso. (...) Estaríamos a favor de una alerta automática, pero no queremos anudar esta posibilidad meramente telemática y que está en manos de Justicia, con la diligencia debida que supone también consultar, que tardas tres minutos, una base de datos que está a disposición de cualquier órgano judicial", ha incidido.

Son muchos los juzgados que ya lo hacen como buena práctica, ha dicho.

Igualdad ha analizado los posibles fallos institucionales que han rodeado al crimen vicario de Sueca (Valencia). Rosell ha insistido en que la única responsabilidad criminal es del presunto agresor, que no hay una relación de causalidad entre el asesinato y el mal funcionamiento de la justicia, pero ha destacado que se deben buscar aquellos huecos donde mejorar la coordinación interinstitucional para garantizar la diligencia debida.

Ha calificado de "realmente grave" que haya habido quien haya culpabilizado a las víctimas de la situación y aunque ha descartado que se vayan a "buscar fallos en las actuaciones particulares", considera necesario "buscar responsabilidades institucionales para mejorar la respuesta". "Ninguna institución debería nunca sentirse ofendida si se indaga en su funcionamiento y en este caso es el funcionamiento de la administración de justicia".

Se necesita mayor coordinación

En el caso del asesinato vicario de Sueca (Valencia), el juzgado número 4 dictó una sentencia firme por violencia de género en agosto de 2021, mientras que en juzgado número 5 (de familia) aprobó un divorcio de mutuo acuerdo con custodia compartida sin cerciorarse de que existían medidas de alejamiento y condena.

La ley prohíbe la custodia compartida y el establecimiento de regímenes de visitas a hombres condenados por violencia machista, y también determina que en casos de maltrato es el juzgado de violencia quien debe hacerse cargo de los divorcios y demás medidas civiles, obligando al juzgado de familia a inhibirse en la causa.

El juzgado de lo civil no comprobó que el hombre estaba condenado por violencia de género, mientras que el juzgado de violencia no solicitó asumir la tramitación del divorcio, a pesar de que en el atestado constaba que la mujer víctima estaba en fase de divorcio.

"Estos juzgados no se han coordinado entre sí de manera suficiente", ha apuntado.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha enfatizado que, "más allá de este lamentable caso", la justicia debería acceder al SIRAJ siempre para comprobar si existe una situación de violencia en la pareja que solicita separarse, así como preguntárselo directamente a las mujeres en entrevistas reservadas.

Igualdad es partidaria de un sistema de alertas, competencia de Justicia, pero Rosell ha reiterado que es posible una mayor coordinación entre juzgados con las herramientas que ya existen.

Desde 2013, 47 menores han sido asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres en crímenes vicarios.

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010Todos los recursos contra la violencia de género.