Gracias a sus importantes contactos en África, iba a conseguir un negocio redondo con la compraventa de diamantes en Sierra Leona. Una pareja residente en Alcúdia creyó en él y llegó a hipotecar una vivienda para entregarle 400.000 euros, con la intención de conseguir grandes beneficios. Pero ni piedras preciosas ni ingresos. La fiscalía sostiene que el hombre se quedó con el dinero, que ha desaparecido, y reclama para él una condena de tres años y medio por un delito de estafa. Está previsto que el juicio se celebre la próxima semana en la Audiencia de Palma.

El acusado, que tiene ya 71 años, se presentó en marzo de 2012 a las víctimas como un empresario dedicado a mercadear con diamantes en Sierra Leona. Les ofreció participar en un negocio muy rentable y picaron. La pareja necesitaba liquidez para financiar la operación y llevó a cabo gestiones para lograrla. Acabaron pidiendo un préstamo hipotecario sobre una vivienda, por la que recibieron 500.000 euros.

Los perjudicados reservaron una parte para ellos y entregaron al acusado 400.000 euros para que comprara las diamantes prometidos. Pero el ministerio público sostiene que no tenía ninguna intención de hacerlo. El hombre ingresó el dinero recibido mediante varios cheques en una cuenta bancaria a nombre de una sociedad de la que era apoderada. La empresa no tenía ninguna actividad relacionada con el comercio de piedras preciosas, sino que se dedicaba al negocio inmobiliario.

Las víctimas no recibieron nada y acabaron presentando una denuncia contra el supuesto empresario y un juzgado de instrucción de Inca inició una investigación. El magistrado consideró que existían indicios de criminalidad, ya que no hay constancia de que el sospechoso haya invertido el dinero de los perjudicados ni que se lo haya devuelto.

El caso llega a juicio una década después de los hechos. La Fiscalía imputa al procesado un delito de estafa y reclama una condena de tres años y medio de prisión para él, así como una multa de 2.700 euros. Además, solicita que el sospechoso indemnice a las víctimas con 400.000 euros, la mitad para cada una de ellas.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Palma tiene previsto celebrar el juicio por estos hechos el próximo miércoles.