Un equipo conjunto creado entre los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil ha desarticulado en coordinación con policías de otros siete países europeos la mayor organización criminal dedicada a la estafa con criptomonedas. Las cifras son mareantes: solo en España se calcula que podría haber hasta 17.000 afectados. Se publicitaba usando nombres de famosos o patrocinando clubs de fútbol, algunos de primera división. La investigación cree que esta estructura transnacional podría haber amasado en todo el mundo alrededor de 2.400 millones de euros engañando a ciudadanos de la Unión Europea. "Era capaz de ganar 400 euros cada minuto", según Manuel Martín, jefe de la policía judicial de la Guardia Civil en Catalunya.

Que el "cibercrimen no tiene fronteras", ha subrayado el intendente Joan Carles Granja, jefe de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos, es algo que ha vuelto a dejar claro, a su juicio, esta investigación, que se inicia en Puigcerdà, con la denuncia de una mujer y ha terminado, años después, en Albania. Para combatir esta red ha sido necesario adaptarse "a los distintos marcos legales, culturas de seguridad y formas de trabajar policialmente de cada país". "Ha requerido gran adaptación por parte de todos". Principalmente llamativo para los policías españoles ha sido el caso de Ucrania. "Dábamos por hecho que se quedarían atrás", ha reconocido Granja, al estallar la guerra con Rusia. No ha sido el caso: la policía ucraniana ha hecho su parte.

La cúpula

En lo alto de la organización había ocho personas, cinco de las cuales se encontraban en Albania: dos han podido ser detenidas y las otras tres siguen en búsqueda y captura. Las dos personas arrestadas será extraditada a España, a un juzgado de la Seu d'Urgell que es donde se recogió la primera denuncia, desde Albania. "Detrás de una estructura como esta se esconde el crimen organizado. Y las personas que integraban la cúpula de la red son de alto valor policial, con mucha influencia", ha explicado Granja. Enrique Martín, capitán de la policía judicial de Huesca, pedido tiempo para aclarar quiénes son todos los implicados. "Están pendientes varias de las detenciones de los principales investigados, el trabajo no ha terminado y hay que actuar para que no se reorganicen en el futuro".

Captadores en call centers

La organización captaba a las víctimas a través de llamadas telefónicas que llevaban a cabo personas empleas en 'call centers’ que la red había dispuesto en países, en su mayoría, externos a la Unión Europea. Muchas de las personas engañadas son ancianos, como la mujer de Puigcerdà que denunció los hechos y permitió comenzar unas pesquisas por parte de los Mossos que han terminado, cuatro años después, en una colaboración entre policías europeas bajo la tutela de Eurojust, con sede en La Haya (Países Bajos).

Los teleoperadores que llamaban, que en el caso de España se encontraban en un call center de Albania, establecían una relación de confianza con las víctimas. Fingían ser brokers con altos conocimientos financieros que les harían ganar dinero invirtiendo casi siempre en el negocio de las criptomonedas. Al principio pedían cantidades pequeñas, de alrededor de los 250 euros. Y si la víctima accedía, se activaba el resto del plan y, como una ciberaraña, la organización la envolvía hasta dejarla sin dinero. "Estaban concentrados en vaciar sus ahorros completamente. No paraban hasta que se daban cuenta de que no tenía más dinero. O las víctimas habían descubierto el engaño, instante en el que vaciaban las cuentas corrientes", ha asegurado el capitán Martín.

La mafia contaba con informáticos a sueldo que habían creado programas que simulaban los movimientos financieros que seguían las inversiones de la víctima, que a través de su ordenador iba viendo día a día como sus beneficios supuestamente crecían. Era solo eso: una simulación. Nadie invertía con el dinero de las víctimas, ni en criptomonedas ni en ninguna acción bursátil ventajosa, sencillamente los desviaban a la tercera pata de la estructura, con capacidad para mover el dinero estafado a paraísos fiscales.

Durante los cuatro años que ha durado la investigación, según fuentes policiales, se ha podido acreditar los vínculos existentes entre las empresas que atendían los ‘call centers’, los informáticos que desarrollaban los programas de simulación y las empresas que movían los beneficios que anualmente podían ascender a los 200 millones de euros.

En la operación simultánea entre las ocho policías europeas –España, Alemania, Suecia, Finlandia, Letonia, Albania, Ucrania y Georgia–, activada los días 8 y 9 de noviembre, se han desmantelado 15 ‘call centers’ ubicados en Albania, Bulgaria, Goergia, Macedonia del Norte y Ucrania, desde donde trabajaban los teleoperadores que se hacían pasar por brokers y engatusaban a las víctimas llamándolas casi a diario, entablando con ellas una relación que estas creían que era sincera.