Dos funcionarios que fisgonearon el expediente de Rocío Carrasco reconocen que lo consultaron por cuestiones profesionales

Dos de los ocho funcionarios valencianos que accedieron a través del sistema informático VIOGEN, de tratamiento de casos de violencia de género, al expediente de Rocío Carrasco, hija de la cantante Rocío Jurado y del boxeador Pedro Carrasco, y de su exmarido, Antonio David Flores, han reconocido que sí accedieron al mismo tras la emisión en televisión de un programa en la que la hija de la conocida artista relataba episodios de malos tratos, pero argumentan que lo hicieron por cuestiones profesionales.

Los acusados son un psicólogo de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito de Alzira y una trabajadora social interina de esta misma oficina. El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de ellos una pena de tres años y medio de prisión y el pago de 5.400 euros, así como seis años de inhabilitación, por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al mantener que consultaron estos datos de dos personas de notoriedad pública “de forma totalmente ajena a sus funciones”.

Durante el juicio celebrado esta mañana en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia el psicólogo, de 55 años, ha explicado que esa mañana del 22 de marzo de 2021 recibieron una avalancha de llamadas en la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito de Alzira de mujeres que decían sentirse identificadas con lo que le ocurría a Rocío Carrasco.

Así, según ha alegado, entró en el expediente, usando sus claves que le habilitaban para ello, porque aunque había visto el programa de televisión necesitaba saber si lo que realmente se decía en él era cierto y para, según el acusado, poder entender mejor el caso para de esta forma asesorar a otras víctimas.

“No se hizo con ninguna intencionalidad que no fuera profesional”, ha puntualizado la trabajadora social. En su caso, dice que no vio el citado programa pero que esa mañana recibió la llamada de una víctima, a la que le hacía seguimiento, y que también se había sentido identificada al escuchar la entrevista de Rocío Carrasco y creía que lo que le ocurría a ella también era violencia vicaria.

“Consulté el expediente para contextualizar la situación, para ver lo que estaba pasando”, ha explicado la acusada, quien ha sido más concreta que el coacusado a la hora de detallar los motivos de dicha consulta. “Me dijo que sus hijos la rechazaban por la presión del progenitor, pero como no había visto el programa no sabía el contexto del otro caso y si eran similares”, argumenta. “Nunca hubiera podido predecir que el hecho de que yo realizara esa consulta desencadenara en estas consecuencias”, se lamenta la funcionaria.

No obstante, ambos acusados han reconocido que era la primera vez que accedían al expediente de una persona de la cual no hacían seguimiento, circunstancia que ha remarcado el fiscal en su informe.

Por su parte, el instructor de los ocho expedientes abiertos contra funcionarios de la Comunidad Valenciana que accedieron de forma no justificada al citado expediente de Rocío Carrasco y Antonio David ha explicado ante el tribunal las conclusiones del informe que realizó. Entre otras cuestiones ha aclarado que en los manuales de violencia de género no encontró ninguna prohibición expresa de acceder al expediente de una persona aunque no sea uno de los casos asignados, siempre y cuando no se haga un uso indebido de esa información o se difunda a terceros. Por ello concluye que si no hay mala fe los funcionarios pudieron acceder dentro de sus funciones laborales. Esto mismo entendió ya en su día la Fiscalía de Alicante, que decidió no abrir diligencias penales contra uno de estos ochos casos.