Tribunales

La Audiencia Provincial libera a una de las encausadas en el golpe al narcotráfico de ‘rebujito’ en Ciudad Real

La mujer es pareja del líder de la trama, cuyos miembros están en prisión provisional acusada de traficar con este cóctel que mezcla heroína con cocaína

Imagen de un operativo contra el tráfico de heroína desarrollada en Madrid en 2018.

Imagen de un operativo contra el tráfico de heroína desarrollada en Madrid en 2018. / Policía Nacional

Roberto Bécares

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha decretado la libertad condicional bajo fianza de 10.000 euros a S.J., una de las encausadas en un golpe al narcotráfico el año pasado en Ciudad Real, al considerar, como pedía su defensa, que no se reunían las circunstancias de excepcionalidad necesarias para mantenerla en prisión preventiva.

Los hechos que se juzgarán próximamente fueron destapados por una investigación del Grupo 4º de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Ciudad Real -quienes trabajan específicamente en la prevención y persecución del tráfico de drogas- después de que se detectara un aumento del número de hechos delictivos desde principios del año 2022 en Ciudad Real.

Los investigadores determinaron que uno de los principales puntos de venta del rebujito -como se conoce a un peligroso cóctel que mezcla cocaína y heroína y cuyo consumo ha aumentado en nuestro país en los últimos años- era un piso concreto de la ciudad manchega. Después de todo tipo de pruebas documentales obtenidas por dispositivos de vigilancia identificaron a las personas encargadas del almacenaje, venta y distribución de las sustancias estupefacientes, algunos con amplio historial delictivo. Al efectuar el registro policial en el piso se incautaron de hecho de importantes cantidades de drogas.

Dentro de la investigación se detectó la presencia de un conocido traficante afincado en Ciudad Real desde hace muchos años, que ocupaba dentro del mercado de abastecimiento de cocaína un segundo escalón surtiendo a traficantes finales de la droga.

Los agentes solicitaron a la Agencia Española de Entidades información sobre los envíos de dinero que pudieran haber efectuado tanto el traficante como su mujer a su país natal, República Dominicana, y el resultado fue que habían realizado 261 envíos por un total de 150.000 euros pese a no tener ninguno una actividad laboral legal que los justificara.

Los investigadores consiguieron confirmar que usaba un piso de seguridad (o piso caleta) donde escondía toda las sustancias estupefacientes que distribuía. El investigado nunca llevaba la llave del piso encima para que no fuera usada en el caso de que les detuvieran, pero la Policía logró dar con el lugar donde la escondía, una viga en el garaje del edificio donde tenía el piso en el que desarrollaba las actividades presuntamente junto a su mujer.

En el operativo fueron detenidas tanto la pareja, como varias personas más, todas ellas dominicanas, acusadas de controlar el tráfico de droga en Ciudad Real y buena parte de Castilla-La Mancha. El juez ordenó para ellas el ingreso en prisión provisional al estar implicados en una trama delictiva de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

La pareja del que es uno de los principales investigados, acusada de participación en un delito contra la salud pública en su modalidad agravada de grupo criminal, delito de blanqueo de capitales y delito de tenencias y depósito de armas, puso su caso en manos de Ospina Abogados, que formuló un escrito de alegaciones ante la Audiencia Provincial planteando “la falta de cumplimiento de los requisitos para que se adopte una medida tan gravosa como lo es la prisión provisional”.

En su alegación su defensa refirió que su representada no estaba incluida en ningún acta de vigilancia policial, ya que su única relación con los hechos es que uno de los principales encausados es su marido, careciendo ella de antecedentes penales por hechos similares y sin existir “un solo indicio de que la misma haya realizado envío de dinero”, según se puede leer en la alegación planteada por Ospina Abogados.

Así, el juez, en un auto del 14 de febrero de este año al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, ha decretado su libertad aduciendo que “el mero hecho de vivir en la misma residencia que su marido no puede utilizarse como un argumento para defender que la encausada conocía perfectamente las actividades que realizaba” su pareja.