Acusaciones cruzadas entre guardias civiles por el macroalijo de 2.100 kilos de hachís en Burriana

Mañana tensa la de este martes en la Audiencia Provincial de Castellón, donde dos guardias civiles del servicio fiscal de Burriana se han sentado en el banquillo para enfrentarse a una posible condena de prisión. Los dos agentes están acusados de participar en un plan para introducir una partida de 2.100 kilos de hachís repartidos en 70 fardos a través del puerto de Burriana y han asegurado este martes en la primera sesión de juicio que ellos solo encontraron la embarcación con la droga y la custodiaron, negando su presunta relación con los narcotraficantes.

La Fiscalía pide cinco años y nueve meses de cárcel para los dos miembros de la Benemérita por los delitos de tráfico de drogas encantidad de notoria importancia y cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, así como también por pertenencia a grupo criminal. El resto de los procesados, un total de siete personas más, se enfrentan a penas que oscilan entre los cuatro años y nueve meses y los cinco años y seis meses de prisión.

Los hechos ocurrieron el 17 de junio de 2015 cuando parte de los procesados acudieron en una embarcación a un punto en alta mar donde se produjo la descarga de la droga desde una lancha semirrígida, e iniciaron el regreso a Burriana, según consta en los señalamientos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Los agentes, que ejercían sus funciones en la Patrulla Fiscal de la Compañía de Burriana, tenían como misión la vigilancia del Puerto para garantizar la descarga de la droga y dificultar la localización del cargamento por parte de otras patrullas de la Guardia Civil.

La mayoría, reconocen su participación

El primer acusado en declarar ha sido la persona que tripulaba la embarcación, quien ha señalado que le marcaron las coordenadas donde tenía que hacerse el trasvase de la carga y, una vez realizada, le dijeron que el barco debía entrar en el Puerto y que no se preocupase "porque la Guardia Civil estaba también comprada"; mientras que otros cinco de los procesados han reconocido su participación en los hechos.

Los dos guardias civiles acusados, que solo han contestado a las preguntas de sus abogados, han relatado que, mientras realizaban el servicio, escucharon del Centro Operativo de Servicios (COS) que iba a entrar una embarcación cargada de "chocolate". Según han explicado, recorrieron la lonja del puerto y no vieron nada.

Acusaciones cruzadas entre guardias

Posteriormente, según han dicho, realizaron otros movimientos y, tras otro aviso del COS, se dirigieron a la zona donde efectivamente se encontraba la embarcación. Uno de los agentes ha señalado que saltó al barco, descubrió una lona y encontró los fardos.

Los dos guardia civiles acusados han coincidido en subrayar la "prontitud" con que aparecieron los efectivos del EDOA. Una de las defensas, incluso, puso de manifiesto que el jefe de esta unidad especializada había tenido un desencuentro con uno de los agentes que se sientan en el banquillo. Asimismo, las defensas intentaron sembrar la duda acerca de otros componentes del servicio fiscal de Burriana, siendo advertidos por el presidente del tribunal, quien ha amenazado a uno de ellos con retirarle la palabra si no había "fair play".

Entre los testigos, en la sesión de este martes ha declarado quien fuera el jefe del equipo del EODA, quien ha indicado que desde el COS le informaron de que en el puerto había aparecido una embarcación con droga. Él mismo acudió al puerto, se entrevistó con sus compañeros y -según ha dicho- la primera decisión que se adoptó fue dejar la embarcación quieta y solicitar una inspección ocular.

Este testigo ha explicado que, tras una intervención telefónica, se detectó una conversación entre uno de los acusados y su madre en la que ésta le decía que los guardias civiles estaban implicados, por lo que el EDOA realizó las averiguaciones oportunas para esclarecer si los dos guardias estaban compinchados con los traficantes.

El jefe del equipo del EODA también ha afirmado que algunas de las cámaras de seguridad del puerto situadas en la zona donde apareció el barco no funcionaban porque, al parecer, había fallado un fusible, y que en las imágenes de las que funcionaban aparece cómo uno de los guardias civiles acusados se separó de su compañero y se puso frente a la zona de la embarcación manipulando un móvil. Además, ha añadido que los guardias civiles acusados desconectaron el GPS en un momento determinado.

El juicio continuará el mañana y el viernes.