La Policía libera a 26 'esclavas sexuales' de la mafia china que fueron captadas con falsas ofertas de trabajo

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha permitido liberar a 26 mujeres que eran explotadas sexualmente en 11 prostíbulos de varias localidades españolas. La investigación ha permitido detener a 16 personas presuntamente vinculadas a una organización criminal que captaba a mujeres de origen chino y latinoamericano y las obligaba a trabajar como prostitutas en un régimen de esclavitud, ya que debían estar disponibles de forma permanente para los clientes, además de controlar en todo momento su actividad.

Las víctimas también eran forzadas a realizar servicios a domicilio, sin protección profiláctica y no podían rechazar clientes. Han sido detenidas 16 personas en Madrid (4), Valencia (4), Zaragoza (3), Barcelona (2), Tarragona (2) y Figueres (1), entre las que se encuentra la principal responsable de la red que ha ingresado en prisión provisional. Los agentes han clausurado 11 prostíbulos.

La investigación, que ha contado con la colaboración de la ONG Our Rescue, comenzó en Zaragoza al detectarse un piso donde mujeres de nacionalidad china ejercían la prostitución. Los agentes descubrieron una organización criminal de origen chino asentada en varias provincias españolas que disponía de numerosos prostíbulos donde explotaba sexualmente a mujeres de origen chino y latinoamericano.

Captadas como masajistas

Las víctimas eran captadas mediante anuncios en redes sociales y a través de aplicaciones chinas de mensajería instantánea, donde la organización criminal ofertaba empleos como masajistas y estilistas en España. Las mujeres, en estado de necesidad económica y en ocasiones en situación irregular, aceptaban las propuestas laborales sin saber que se iban a dedicar a la prostitución.

La Policía remarca que la red criminal alojaba a las víctimas en prostíbulos, donde las sometía a un régimen de esclavitud en el que debían ejercer la prostitución durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, en largas jornadas sin descanso y sin posibilidad de rechazar a ningún cliente. Además, eran permanentemente vigiladas a través de cámaras de videovigilancia y obligadas a realizar servicios sexuales a domicilio e incluso sin preservativo. Todas las ganancias generadas debían ser entregadas íntegramente al entramado, recibiendo solo el 50% de los beneficios restantes cuando se consideraba que la deuda contraída inicialmente había sido saldada.

Documentación falsa

Para facilitar su entrada en España, las víctimas captadas en sus países de origen recibían documentación falsa proporcionada por la organización. También tenían tarjetas de residencia y trabajo de mujeres en situación regular en el país con el fin de suplantar sus identidades en caso de inspecciones en los prostíbulos o identificaciones policiales.

Los explotadores gestionaban al menos 11 prostíbulos en las ciudades de Madrid, Valencia, Tarragona, Barcelona y Zaragoza, algunos de ellos gestionados conjuntamente con otros socios, y las víctimas eran rotadas de manera constante entre ellos para maximizar los beneficios.

Otra de las actividades desarrolladas por el entramado consistía en crear prostíbulos clandestinos desde cero. Para ello alquilaban locales o pisos que gestionaban hasta consolidar una importante red de clientes, momento en el que traspasaban el negocio a otros gestores a cambio de grandes sumas de dinero.

La investigación ha culminado con la liberación de 26 víctimas de explotación sexual, la detención de 16 personas y la clausura de 11 prostíbulos. En los registros realizados los agentes han incautado 35.000 euros en efectivo, varias armas prohibidas tipo katana, diversas sustancias estupefacientes y potenciadores sexuales, 24 terminales móviles, dos pasaportes falsos y abundante documentación relativa a la actividad delictiva llevada a cabo por esta organización criminal.

Además, la investigación permitió detectar un sistema estructurado de ocultación dispersión de fondos destinado a integrar los beneficios obtenidos ilícitamente en el circuito económico legal. Como resultado de la investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria por presunto delito de blanqueo de capitales, la autoridad judicial acordó el embargo de 5 inmuebles valorados en más de medio millón de euros, 2 vehículos y la intervención de 8 cuentas bancarias.