Un episodio de indignación popular, causado por los cortes de electricidad que Puerto Rico viene sufriendo en lo que va de año, tras la privatización del sector, enciende la mecha de un airado videoclip que es bastante más que eso: El apagón, fundido con el documental Aquí vive gente, es una pieza audiovisual de 22 minutos en la que el rapero Bad Bunny, de 28 años, da amparo a una dura crítica al Gobierno del país antillano, estado libre asociado a Estados Unidos, que se ve convertido en un paraíso fiscal en el que se minan los recursos públicos vendiéndolos al mejor postor.

El apagón poco tiene que ver con los clichés que se atribuyen al reguetón: ni producción de radiofórmula, ni letra banal, ni sexista, sino una trama percusiva muy afro dando cobijo a una protesta de alto octanaje, en la que se hace oír la voz popular: “Yo no me quiero ir de aquí / que se vayan ellos / Lo que me pertenece a mí / se lo quedan ellos / Esta es mi playa / Este es mi sol / Esta es mi tierra / Esta soy yo”.

El clip se mezcla con imágenes de los apagones sufridos en la isla, como el que el del pasado abril, o el que, en agosto, sumió en la parálisis durante 20 horas a uno de los principales hospitales. Apunta la periodista Bianca Graulau que eso sucede después de que la distribución de electricidad pasara a manos de una compañía privada, la estadounidense-canadiense Luma Energy, mediante un “contrato multimillonario” del Gobierno, que ha provocado siete aumentos consecutivos del precio de la luz.

Problemas de fondo

A partir del minuto 4, el clip se convierte en un documental desplazando el foco a otros problemas de fondo, como los que derivan de la Ley 22, que, según explica Graulau, exime a los extranjeros que se instalen en el país de “pagar tributos por las ganancias de sus inversiones en acciones, criptomonedas y bienes raíces”. Risueños estadounidenses aparecen celebrando el chollo que, afirman, supone afincarse en Puerto Rico, mientras boricuas de clase humilde censuran al gobernador, Pedro Pierluisi, de haber entregado el país “en bandeja de plata” a los “invasores colonizadores”. Hablan vecinos de céntricos barrios populares de San Juan ahora codiciados por las inmobiliarias, como Puerta de Tierra, que acusan al Gobierno de socavar la vivienda pública para dar paso a lujosas promociones. “Como somos negros y pobres, están abusando de nosotros”, lamenta Jorge Luis González.

Apuntan a la Carta de los 30 días, que propicia los desahucios, facilitados por la caída de los precios de esas propiedades tras los destrozos del huracán María, en 2017. Señalan con el dedo una escuela pública clausurada que se va a convertir en un edificio de apartamentos con vistas al mar, y denuncian el cierre de los accesos de la ciudadanía a las playas, espacio público, en urbanizaciones exclusivas como Dorado Beach, por obra y gracia de una inmobiliaria, Prisa Group, que había hecho donaciones a los dos principales partidos del país. Alquileres que pasan de 200 dólares al mes a 150 por noche. Y una victoria: la suspensión de la construcción de una piscina privada frente a la playa, en una franja de terreno público, celebrada por los vecinos.