Esta mañana, horas antes de que el denunciante de la presunta agresión homófoba en Madrid confesara que se lo había inventado todo y que se trató de un acto consentido el caso seguía siendo arma arrojadiza entre los principales partidos políticos. El caso de Malasaña había colmado el vaso de la indignación por una realidad innegable: el incremento de los delitos de odio, de las agresiones homófobas. El caso había sacudido la agenda del presidente Pedro Sánchez llevándole a convocar de urgencia la comisión de lucha contra los delitos de odio y a anunciar ante sus diputados y senadores que se actualizarán este tipo de delitos. Las novedades sobre el joven de Malasaña no cambian el plan. Sánchez presidirá esa reunión. Dicen en el Gobierno que los datos de delitos de odio son contundentes y que no se puede minimizar el problema. La ministra de Igualdad, Irene Montero, expresa esa idea: "Que el árbol no nos impida ver el bosque". Pero la bronca política es imparable. El PP denuncia al ministro Marlaska por acusar a otros partidos de generar odio. Quien había pronunciado abiertamente esa acusación es Podemos. "Yo creo que Vox es una de las formaciones que está extendiendo el discurso de Odio", ha dicho la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. La respuesta de Vox, llevar a los tribunales a cualquiera que vincule al partido de ultraderecha con actos violentos.
