El Gobierno de España mueve ficha en la crisis de Muface, aceptando las exigencias de las compañías, y destinará al consorcio 330 millones de euros más, por lo que en total serían 1.330 millones. Esto supone un aumento del 41% en la prima. Lo que sí se mantiene en la nueva licitación es el período de tres años. El Ejecutivo pretende así garantizar una estabilidad para el millón y medio de funcionarios que utilizan Muface. Ahora las aseguradoras tienen que decidir si aceptan estas nuevas condiciones.