Desarticulada en Cádiz una organización dedicada a la trata de seres humanos para su explotación laboral. Las víctimas eran captadas en Honduras, de donde eran originarias y donde les proporcionaban toda la documentación necesaria para viajar a España. Una vez que llegaban a territorio español, se les retiraba el pasaporte y se les exigía el pago de una deuda que oscilaba entre los 4.000 y los 6.000 euros. Para hacer frente a esa deuda, las víctimas eran explotadas en dos empresas dedicadas al cuidado de personas dependientes. Trabajaban sin contrato y sin ser dadas de alta en la Seguridad Social, con largas jornadas de trabajo y un salario ínfimo.
