El precio del alquiler ha aumentado en A Coruña un 42,4% desde 2014. Se trata de la urbe gallega en la que más ha subido el coste de la vivienda de las siete que concentran mayor población: si en 2014 costaba 403,4 euros arrendar un piso en A Coruña, ahora su precio medio asciende a 574,6 euros, según datos del Observatorio da Vivenda de Galicia, órgano dependiente del Instituto Galego da Vivenda e Solo. Por detrás, le siguen a cierta distancia Lugo y Pontevedra, que han experimentado alzas del 39,29% y 37,59% respectivamente en el mismo período.
Aun así, Lugo se mantiene por debajo de la media gallega, que ronda los 470 euros; un escenario que no presentan ni A Coruña ni Pontevedra. Profesionales del sector inmobiliario responsabilizan a la creciente inflación como principal factor que favorece el alza de los precios. “Está relacionado con el aumento del coste de la vida. Los propietarios sufren derramas tremendas, con aumento de costes en todo lo que supone una vivienda o una reforma. Los costes de ejecución de obras también están disparados; todo eso repercute en el precio final”, valora la vicepresidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez.
En la ciudad se da, además, otra tendencia peculiar: es también la urbe gallega en la que más desciende el número de nuevos contratos con respecto al año anterior: si en 2021 se firmaron 6.341 contratos, en 2022, a falta de un mes para que acabe el año, solo 5.159, de acuerdo con los mismos datos; lo que supone un descenso del 18,6% de las firmas. Se trata del primer año en que se produce un descenso en los contratos con respecto al año anterior desde 2014; una coyuntura para la que desde el sector inmobilario tienen varios diagnósticos.
El primero de ellos responde a las dinámicas de arrendamiento desarrolladas durante la pandemia, que propició un alza en los contratos, ya que muchos propietarios abandonaron el alquiler turístico por el residencial. “Podemos entender que, una vez finalizada la pandemia, esos alquileres volvieron a ser turísticos, lo que supone un descenso en los contratos de alquiler residencial”, explica Vérez, que apela a la “inseguridad jurídica” que experimentan los arrendadores a la hora de aventurarse a poner su vivienda en el mercado. “Esta inseguridad viene dada por la coyuntura de la limitación de precios del alquiler. También influye la suspensión de los desahucios durante la pandemia y la lentitud de los tribunales en determinados conflictos”, observa la vicepresidenta del Colegio, que señala la “permisividad con la ocupación”, que lleva a los propietarios a “mantener vacías sus viviendas a la espera de tiempos mejores”. Vérez apunta a que cada vez hay menos rotación de inquilinos, pues la baja oferta existente hace que los residentes “se lo piensen dos veces” antes de lanzarse al mercado de nuevo.
Sectores vulnerables
Las dificultades de acceso a la vivienda en A Coruña ponen piedras en el camino para la ciudadanía en su conjunto, pero dejan sin alternativa habitacional a los sectores más vulnerables, que han ido viendo minadas sus opciones de forma considerable en los últimos años. “Es algo que está ocurriendo en toda la franja Atlántica. Santiago, A Coruña y Vigo registran cada vez menos vivienda de alquiler a un precio más alto. Si se suman las exigencias cada vez más altas que se les ponen a los inquilinos, se queda fuera cualquier persona con una renta mínima, un subsidio o la población migrante”, alerta la trabajadora social Ana Pardo, directora territorial en Galicia de Provivienda. Para Pardo, uno de los mayores escollos que explica la situación tensionada de la vivienda en A Coruña es la ausencia de un parque de pisos públicos solvente y suficiente que ofrezca alternativas a las personas con menos recursos o más dificultades de acceso, lo que redunda en la capacidad de respuesta cada vez más limitada de las entidades sin ánimo de lucro.
“Los servicios sociales no tienen opciones. Hace no mucho, podías encontrar un piso para tres por 350 euros. Ahora, por menos de 600 no hay nada”, ejemplifica Pardo, que duda de la eficiencia de los recursos que se ponen a disposición de las personas en situaciones difíciles, pues muchas veces consisten en realojos en lugares que apartan a la persona de su red de apoyo.
“No se están adoptando todas las medidas necesarias para el problema brutal de vivienda que tenemos. Las ayudas lo que hacen es dar respuesta a los problemas de una clase social que todavía tiene posibilidades de acceder al mercado, y quienes se quedan lejos son las personas vulnerables: jóvenes, migrantes, personas en paro o familias monomarentales”, enumera Pardo. El vencimiento del escudo social articulado por el Gobierno central, que impedía los desahucios por impago durante la pandemia, sumado a la elevada inflación, no harán sino empeorar el panorama en los próximos meses para quienes menos tienen.