El apoyo a una solución con el Banco Popular que se combatió al adjudicar los bancos de Rumasa
La expropiación del Banco Popular por los reguladores europeos fue apoyada por el Gobierno, del Partido Popular, que lo justificó por el interés general y porque se evitó un gran coste para el erario público. Los accionistas (el 90% eran pequeños inversores) y los tenedores de bonos y deuda subordinada perdieron sus ahorros, pero la alternativa, dijo el ministro de Economía, Luis de Guindos, era peor: un proceso concursal.
Esta solución es análoga a la que el PSOE aplicó con los 20 bancos de Rumasa en 1983 y que el PP (entonces AP) condenó como violación de la propiedad privada. Su líder le colgó el teléfono a Rafael Termes, presidente de la patronal bancaria, por pedirle que apoyara la expropiación para proteger la estabilidad financiera. Los bancos de Rumasa fueron adjudicados al resto de bancos y ahora el Popular se vendió por un euro al Santander.
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