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Energía excluirá de la próxima subasta a las firmas con deudas con Red Eléctrica

El Gobierno establece esta novedad para aumentar la garantía de que las empresas cumplen con sus obligaciones. El requisito eliminará competidores

Energía excluirá de la próxima subasta a las firmas con deudas con Red Eléctricacarlos pardellas

La propuesta de orden del Ministerio de Energía para modificar la regulación de la subasta de asignación del servicio de interrumpibilidad -por el que empresas electrointensivas como Alcoa reducen o suspenden su consumo cuando el sistema no logra atender la demanda a cambio de incentivos- elimina los bloques mejor remunerados -los de 90 megavatios (MW), los más importantes para la aluminera estadounidense- y los sustituye por otros de 40 MW, pero también introduce una novedad en cuanto a las empresas que participan en este proceso competitivo. El Gobierno establece que no podrán participar en la puja aquellos proveedores del servicio que tengan deudas con el operador del sistema -y organizador de la subasta-, la empresa semipública Red Eléctrica de España (REE). "Se introduce una modificación dirigida a aumentar la garantía de que el consumidor que preste el servicio responderá a las obligaciones de pago contraídas en caso de ser adjudicado en la subasta, mediante la previsión de que no pueda ser habilitado por el operador del sistema si acumula deudas con el operador del sistema en relación con el servicio de interrumpibilidad", reza el proyecto de orden del Ministerio de Energía, datado el pasado día 9 y que ya está a disposición de las empresas interesadas en participar en el proceso para que presenten alegaciones.

Entre las opciones que hay de que una empresa tenga deudas con Red Eléctrica en el marco del servicio de interrumpibilidad está que haya incumplido la orden de reducir su potencia en una ocasión -a la segunda vez queda excluida de prestarlo y pierde los incentivos- y que no haya pagado la sanción que implica ese incumplimiento. Otra posibilidad es que alguna empresa tenga sin abonar todavía la parte que le correspondería de la celebración de la última subasta -de diciembre del año pasado, cuyo resultado tenía vigencia del 1 de enero al 31 de mayo de este ejercicio-, puesto que el Gobierno estableció por primera vez en 2017 que los costes de celebración de la puja serían sufragados por las compañías adjudicatarias del servicio.

Este nuevo requisito de carecer de deudas con REE para participar en la subasta no supone un obstáculo para Alcoa -con tres fábricas en España, una de ellas en A Coruña con 400 trabajadores- que ha reducido su consumo siempre que el operador del sistema se lo ha pedido y que destaca su "alta disponibilidad" para prestar el servicio. Sin embargo, esta condición puede eliminar a algunos competidores que hayan incumplido una vez la orden de reducción de potencia y tengan pendiente de abonar la correspondiente compensación.

Los que suman dos apercibimientos quedan excluidos directamente del servicio, como ocurrió en 2015 con la papelera Solvay, que dejó de ser adjudicataria y no pudo participar en la siguiente subasta de los incentivos eléctricos.

La propuesta de orden del Ministerio de Energía está actualmente en el trámite de audiencia, por lo que las empresas interesadas en participar en el proceso competitivo pueden presentar alegaciones. El Gobierno también remitió el texto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que elabore un informe sobre su idoneidad. En los que elaboró en anteriores pujas se mostró muy crítica con la "escasa competencia" existente para adjudicarse los bloques de 90 MW, motivo por el que el departamento que dirige Álvaro Nadal decidió rebajar los bloques grandes a 40 MW. Lo que aún no se sabe es cuántos lotes pondrá en liza ni cuándo se adjudicarán. Sí está establecido el plazo de vigencia: del 1 de junio al 31 de diciembre de este año.

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