La segunda oleada de la pandemia obligará a que se incrementen las ayudas anticrisis

La segunda ola de la pandemia alcanza al Gobierno tramitando un proyecto de Presupuestos del Estado para 2021 que, a buen seguro, se verá obligado a encajar una mayor acción de apoyo a familias y empresas. El plan remitido a Bruselas el 15 de octubre cifra en 55.588 millones el gasto de 2020 vinculado a medidas discrecionales.

Para 2021, las medidas discrecionales de gasto apenas suponen 2.461 millones (22 veces menos que en 2020). Hay otra asignatura pendiente, que tiene que ver con la ausencia de un fondo de rescate para pymes, si bien la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha reconocido que el Gobierno trabaja en un mecanismo de apoyo a la solvencia de las pequeñas y medianas empresas.

E El ingreso mínimo vital, una renta mínima de lento despliegue. La Seguridad Social está en proceso de desplegar el nuevo ingreso mínimo vital, la primera renta mínima estatal en la historia de España. La ayuda, pensada para hogares con recursos escasos o inexistentes, asegura un mínimo de entre 462 y 1.100 euros al mes, según los componentes de la unidad familiar.

La velocidad de trámite de las primeras solicitudes contrasta con el alud de recepción de las mismas. Hasta la fecha, la Seguridad Social ha recibido un millón de solicitudes, de las que ha tramitado un total de 136.000.

E Veto al desahucio y moratoria al alquiler. El no poder pagar la vivienda ha sido el principal rompecabezas de muchos ciudadanos. Ante ello, el Gobierno ha prorrogado el veto de los desahucios hasta el 31 de enero de 2021, en caso de hogares sin alternativa habitacional. Además, se amplían hasta el 31 de enero los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses.

También, hasta esa fecha, existe la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta cuando el arrendador sea un gran tenedor, que tendrán que decidir entre quitas del 50% del alquiler o una reestructuración de la deuda.

E Moratoria de hipotecas caducada. Lo que sí caducó el 30 de septiembre fue la posibilidad de negociar una moratoria hipotecaria con la entidad financiera al amparo de las reglas especiales que han regido desde el estallido de la pandemia. Desde el 2 de abril y hasta el 30 de septiembre, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha permitido que una moratoria motivada por el covid-19 no exija provisiones adicionales para las entidades financieras.

E Erte, hasta el 31 de enero de 2021. Los ERTE han sido hasta ahora un dique de contención ante el cierre intermitente de muchas empresas por motivos sanitarios. Hasta 3,4 millones de trabajadores estuvieron cubiertos por uno en el primer estado de alarma. Cifra que ahora, en plena segunda ola, vuelve a ir al alza.

Este mecanismo asegura la prestación de paro para los empleados suspendidos, con la garantía del 70% de la base reguladora. Pese a los retrasos que ha arrastrado el SEPE en los pagos, está siendo una alternativa a los despidos.

Para las empresas, dependiendo del tipo de afectación sobre su actividad y el sector al cual pertenezcan, asegura unas exoneraciones de cotizaciones sociales de entre el 100% y el 50%. La factura de esta medida es proporcional a sus magnitudes. El Gobierno calcula destinar 21.000 millones de euros este 2020 para mantener este mecanismo.

E Nuevos subsidios para los parados. El Gobierno ha ido extendiendo su escudo social de manera puntual e intermitente a los colectivos más vulnerables del mercado laboral. Este mes aprobó una ayuda para 260.000 parados que hayan agotado sus prestaciones durante el primer estado de alarma. Esta es de 430 euros durante tres meses y llega con varios meses de retraso debido a pugnas internas en el Gobierno.

La otra ayuda para parados vulnerables es la que sacaron al inicio de la pandemia para dar una mínima cobertura a los trabajadores temporales que perdieron su empleo. Para ellos se habilitó un pago único de 430 euros.

E Trabajadoras del hogar con subsidio. Las restricciones a la movilidad impuestas en el primer estado de alarma significaron para muchas trabajadoras del hogar el fin de sus ingresos. Sin trabajo no hay paga y este colectivo carece de derecho a cobrar el paro, aunque estén dadas de alta. Para ellas se habilitó una ayuda que, de media, rondó los 380 euros y se alargó tres meses. Está actualmente fuera de vigencia.

Los atrasos en los pagos fueron manifiestos en esta actividad, pues si bien se pudo comenzar a solicitar desde mayo, el SEPE no empezó a abonarla hasta septiembre. Llegó a 38.000 personas y algunas todavía están cobrando actualmente atrasos. No hay previsión de que vuelva a reactivarse.

E Plan 'Me Cuida' hasta el 31 de enero. El Gobierno ha habilitado el plan Me Cuida hasta el 31 de enero de 2021. Es un programa para que los trabajadores con familiares a cargo puedan reducirse parte o toda la jornada para cuidarlos. Este mecanismo implica también una reducción proporcional de sueldo, es decir, una persona que decida reducir su jornada el 100% dejará de cobrar el 100% de su sueldo.

E Cese de actividad de los autónomos en caso de cierre. Existen dos modalidades de prestación especial para los autónomos. En caso de que el negocio esté obligado a cerrar, podrán cobrar el cese de actividad, cuyo importe será del 50% de la base reguladora. En el caso de que el autónomo estuviera cotizando por la base mínima, el importe sería de 472 euros al mes.

Y la otra es por una caída de más del 75% de los ingresos, que en dicho caso descontará de las cotizaciones que tenga el autónomo, aunque siempre asegurando la percepción de la ayuda.

E Bajas para guardar cuarentena. El Gobierno ha blindado también a nivel de ingresos a aquellos trabajadores que tengan que guardar cuarentena por haber estado en contacto con un positivo, pero no estén enfermos. Para estos, la Seguridad Social equiparó el supuesto a una baja por incapacidad temporal (IT), que permite al trabajador cobrar el 75% de su salario base desde el primer día, y el 100% a partir de tres semanas de baja.

E Bono social para los hogares vulnerables. Además de quienes acrediten unos determinados ingresos familiares bajos en el año anterior (como sucedía hasta ahora), podrán beneficiarse de un descuento del 25% en la factura de la luz aquellos hogares con algún miembro en paro, ERTE o que haya sufrido una "pérdida sustancial de ingresos". En estos supuestos, el beneficio se extinguirá cuando dejen de concurrir los requisitos para ser beneficiarios o hasta el 30 de junio del 2021.

E Una nueva línea de avales ICO. Tras haber aprobado una primera línea de avales de hasta 100.000 millones en marzo, que se fue desplegando hasta junio en diferentes tramos, el Gobierno aprobó una nueva línea a través del ICO por importe 40.000 millones de euros dirigida a impulsar y fomentar la realización de nuevos proyectos de inversión empresarial, especialmente en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principalmente: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización. El aval del Estado cubre el 80% de los nuevos préstamos de autónomos y pymes, y el 70% para el resto de empresas. Y el plazo de amortización se extiende hasta los ocho años.

E Fondo de rescates estratégicos. El Gobierno creó un fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 10.000 millones de euros para dar apoyo financiero público a empresas que atraviesen severas dificultades y que sean consideradas estratégicas. La fórmula de la ayuda será mediante la concesión de préstamos participativos, deuda subordinada, suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. La primera en acogerse a este fondo fue Air Europa por un total de 475 millones de euros.

E Quiebras en suspensión. Está suspendido hasta marzo de 2021 el deber de solicitar la liquidación de la sociedad por imposibilidad de cumplir los plazos de pago para aquellos empresarios que hasta entonces venían cumpliendo los pagos previstos en convenios, acuerdos extrajudiciales y acuerdos de refinanciación homologados.

Además, está prohibido hasta el 31 de diciembre solicitar el concurso voluntario y no se admitirán las solicitudes de concurso necesario formuladas por los acreedores hasta esa fecha. También está suspendida la causa de disolución por pérdidas de sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada en el ejercicio 2020.

E Controles a la inversión extranjera. El Gobierno mantiene sine die el blindaje a las empresas españolas consideradas estratégicas. Desde marzo, si un inversor de fuera de la Unión Europea quiere comprar más de un 10% de una sociedad española, debe obtener el permiso del Gobierno, pensado para blindar a empresas españolas del sector energético, las telecomunicaciones o la aviación. Se exime de esta autorización a las operaciones de menos de un millón de euros. Desde entonces solo se ha producido una opa, la de MásMóvil.