Riesgo usó una firma instrumental creada en 2020 para vaciar el patrimonio de Alu Ibérica

El auto de intervención judicial de Alu Ibérica empieza a perfilar el entramado con el que supuestamente Parter y Riesgo han saqueado las plantas de aluminio de A Coruña y Avilés, que Alcoa pretendía cerrar y que finalmente accedió a vender en el verano de 2019 tras la fuerte presión sindical y política. La jueza de instrucción de la Audiencia Nacional María Tardón afirma en su escrito que en el proceso de reventa de Parter Capital (comprador inicial) a Grupo Riesgo “se puede identificar una operación que evidenciaría la descapitalización de las empresas Alcoa Inespal Avilés S.L. y Alcoa Inespal Coruña S.L.” y en la que “System Capital Management [SCM] habría servido de canal para detraer capitales de las plantas de producción” contribuyendo así a la “imposibilidad de reflotarlas con el consiguiente perjuicio de los acreedores y los trabajadores”. La jueza entiende que el desvío de fondos se hizo “en beneficio de Blue Motions Technologies”, la sociedad con la que el fondo suizo Parter compró las fábricas a Alcoa por un dólar y que siete meses después dejó en manos de Riesgo (con el 75% del capital) por 13 millones de euros. Tardón considera que “en este momento inicial de la instrucción” este hecho “no puede sino valorarse como un acto de vaciamiento patrimonial”.

Víctor Rubén Domenech, dueño de Grupo Riesgo, constituyó la sociedad instrumental SCM, con la que habría descapitalizado Alu Ibérica, pocos meses antes de conocerse su entrada en el negocio aluminero. System Capital Management —ahora renombrada como Iberian Green Aluminum Company SL— fue fundada el 3 de enero de 2020 con Luis Losada Gómez como administrador único. Losada y Domenech son dos de los cuatro directivos de Riesgo que fueron detenidos en marzo, junto a Alexandra Camacho (directora ejecutiva de Alu Ibérica y socia de System Capital) y Diego Peris, administrador de varias empresas de grupo. La Policía Nacional los arrestó tras en el macrooperativo policial que registró las dos fábricas y varias oficinas de Riesgo, Parter y Alcoa. Las tres empresas y varias filiales están bajo la lupa de la Audiencia por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal (de lo que los acusa la querella de la sindicato CPC), a los que la jueza añade fraude en subvenciones y blanqueo de capitales.

La empresa confía en mostrar su “transparencia” al equipo interventor. Después de mantener silencio el primer día, la empresa reaccionó ayer a la noticia de la intervención judicial, que la obligará entre otras cosas a pedir autorización para cualquier movimiento que supere los 20.000 euros durante un plazo inicial de seis meses, prorrogable. La compañía de Domenech manifestó su confianza en que “el trabajo diario” con el equipo interventor le permitirá demostrar “la transparencia” con la que siempre han actuado. La firma manifiesta su “máxima disposición a colaborar” con la Justicia y a “facilitar cuanta información proceda para ayudar en el entendimiento de la adquisición de las plantas de producción de aluminio y demostrar su correcta administración”. Asegura que mantendrá el “avance del plan industrial”.

Inés Rey acusa a la Xunta de tener una implicación “mucho menor” de la que debería por “tener competencias”. Las reacciones políticas no se han hecho esperar. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, criticó ayer la pasividad de la Consellería de Industria. A juicio de la regidora socialista, el Gobierno de Feijóo ha tenido una implicación “mucho menor” de la que le corresponde en la vigilancia de la fábrica teniendo en cuenta que “tiene competencias” en materia industrial y recordó que ella misma viajó recientemente a Avilés, donde Alu Ibérica tiene su otra fábrica, para buscar con su homóloga “soluciones y la viabilidad de la producción de aluminio”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, aseguró que el Ejecutivo central “no va a parar” en la “defensa” de los trabajadores de Alu Ibérica tras la intervención judicial decretada.

Los trabajadores piden una solución industrial para la fábrica, más allá de la vía judicial. La decisión de la Justicia de intervenir las fábricas de Alu Ibérica satisface la demanda de los trabajadores, que advertían de que en los últimos meses las instalaciones fabriles de A Coruña y Avilés se encaminaban a un punto de no retorno por su deterioro y por el parón productivo debido a la falta de material y los impagos a los proveedores. Pero la plantilla sabe que una eventual condena a los gestores no dará de comer a las 300 familias que viven de forma directa de la factoría de A Grela a día de hoy. Por eso, a menos de tres meses para que expire el blindaje de sus puestos de trabajo, los empleados reclaman un golpe de timón político que reconduzca su situación y garantice el futuro de la actividad industrial y del empleo. Los ojos están puestos sobre la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

Hoy por hoy las fábricas son propiedad de Grupo Riesgo, pero el proceso judicial que investiga la venta podría abrir la puerta a la reversión de la compraventa. Todavía en fase de instrucción, el auto señala que se ha podido “constatar la verosimilitud” de “irregularidades en la venta [...] incumpliendo los acuerdos alcanzados con la propietaria inicial [Alcoa] y con la propia representación de los trabajadores”.

Sobre Riesgo, la jueza también incide en “no consta que acumule experiencia alguna en el sector productivo del aluminio”. El juicio está señalado para el próximo día 20.

La jueza concede poderes plenipotenciarios a los “hombres de negro” de la IGAE

Firma: Francisco L. Jiménez

Los técnicos de la Intervención General de Administración del Estado (IGAE), organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, y los de la Intervención General de la Seguridad Social que llevarán a cabo el mandamiento de intervención judicial de Alu Ibérica y sus sociedades afines ya han sido bautizados por algunos trabajadores de la fábrica de aluminio como los “hombres de negro”, por la similitud entre su función y la de los inspectores que envían periódicamente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo a España a hacer el examen anual de su economía, los apodados men in black. Esos expertos en gestión contable, control financiero y auditoría empresarial entrarán en Alu Ibérica con carta blanca de la jueza María Tardón para acceder a todo tipo de información, moverse a su antojo, hablar con cualquier empleado y exigir informes de todo tipo, en especial relacionados con la tesorería. El alcance de las acciones de los “hombres de negro” abarca tanto el día a día de la empresa intervenida en cualquier operación por importe superior a 20.000 euros como los actos jurídicos de las seis sociedades que constituyen la estructura creada por Grupo Industrial Riesgo para operar en el sector del aluminio.