El conjunto de las administraciones públicas cerró el ejercicio 2023 con un déficit público de 53.556 millones de euros, equivalente al 3,66% del Producto Interior Bruto (PIB), un punto por debajo del dato de 2022 (4,7%) y dos décimas por debajo del objetivo previsto, del 3,9%. Un crecimiento de la economía mayor que el que había previsto inicialmente el Gobierno (del 8,6% en lugar del 6%, en términos nominales) y una mejor evolución del empleo favorecieron en 2023 la obtención de una ratio de déficit público sobre PIB dos décimas por debajo del 3,9% que había estimado el Ejecutivo. Y ello fue posible a pesar del incumplimiento del objetivo que se había asignado a las comunidades autónomas, que cerraron 2023 con un déficit del 0,9% del PIB. En el caso de Galicia, el desequilibrio entre ingresos y gastos fue de 100 millones de euros, el 0,13% del PIB, tras un rotundo recorte del 73% en comparación con 2022, cuando el déficit alcanzó los 377 millones (0,54% del PIB).
“Estamos ante la mayor reducción del déficit público de nuestra historia y además esto se ha producido con unas reglas fiscales en suspenso”, valoró ayer la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de subrayar que en los tres últimos años se ha logrado una corrección de 6,46 puntos —desde el pico del 10,12% del PIB anotado en 2020— a pesar de haber puesto en marcha un “escudo social de más 120.000 millones”.