Hacienda se da un mes para negociar la reforma local ante la presión municipal

Las protestas de los alcaldes contra la reforma local puesta sobre la mesa por el Gobierno han surtido efecto. La presión ejercida por el poder local, con los alcaldes gallegos y la propia Xunta a la cabeza, ha llevado al Ministerio de Hacienda a abrir una vía de negociación con los ayuntamientos cuyo objetivo será tratar de consensuar la futura Ley de Bases del Régimen Local antes de remitirla en septiembre a las Cortes. Aunque inicialmente la Comisión Nacional de la Administración Local (CANAL) debía abordar ya ayer el anteproyecto del Gobierno, el departamento de Cristóbal Montoro decidió retirar in extremis este punto del orden del día. La decisión -comunicada horas antes de la cita a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)- fue interpretada por los regidores como un gesto del Gobierno para modificar el texto y reconducir la futura norma, principal reivindicación del nuevo presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, tras tomar posesión de su cargo el pasado martes.

El propio Montoro se refirió ayer al debate sobre la reforma local en su comparecencia ante los medios para anunciar la "intensificación" de los contactos con la FEMP en agosto. El objetivo es lograr "el máximo consenso y respaldo" para una norma clave en la reforma administrativa que prepara Rajoy. "Queda un gran trabajo por hacer, vamos a seguir defendiendo que es posible alcanzar acuerdos y, desde la unidad, corregir algunas cuestiones que nos preocupan", sostuvo Íñigo de la Serna, que calificó de "gran acierto" la decisión del Ministerio de abrir un proceso de diálogo ante la "preocupación" existente entre los ayuntamientos sobre cuestiones como la reducción del número de concejales, el baremo en las retribuciones de los cargos públicos o el futuro papel de las diputaciones.

Ahora Gobierno y ayuntamientos tendrán un mes para tratar de consensuar la reforma antes de convocar de nuevo en septiembre a la CNAL, una ardua tarea a juzgar por las distantes posturas que separan a alcaldes y ministerio, algo que ya dejó entrever ayer el propio Montoro al reconocer que el acuerdo "es importante, pero no lo es todo".

Esas diferencias volvieron a quedar en evidencia durante la reunión de la CNAL. Tras la llamada al consenso del ministro para acabar con "duplicidades, ineficiencias y despilfarro", el vicepresidente de la FEMP, Abel Caballero, advirtió de que los regidores socialistas no se sentarán a negociar sobre el anteproyecto del Gobierno sino que defenderán su propia propuesta "global". "Esta era una ley de intervención de los ayuntamientos por parte de las diputaciones y eso es inasumible y un desatino", argumentó Caballero, quien mostró sus recelos ante el proceso negociador que se abre ahora pero se felicitó por una decisión que "evitó que esta ley pasase al consejo de ministros con un amplio rechazo del municipalismo".

Galicia fue una de las primeras comunidades donde el poder local alzó la voz contra los planes del Gobierno para reformar la Ley de Bases. El protagonismo de las diputaciones en la nueva norma -reforzando su papel con las competencias y servicios básicos que no puedan mantener "con eficiencia" los municipios de menos de 20.000 vecinos- y la falta de una definición clara de las funciones municipales tras años denunciando el exceso de competencias impropias fueron recibidos desde el principio con recelo por el municipalismo gallego, y ni siquiera los alcaldes del PP ocultaron su malestar.

Protestas ante Hacienda

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) fue de las primeras en rechazar el anteproyecto porque "invade competencias propias" de la comunidad, "ataca la autonomía municipal" y además "no soluciona los problemas de financiación" de los municipios. "Por unanimidad los alcaldes de toda España coincidimos en que esta reforma no es la que necesita el municipalismo", defendió su presidente, José Manuel Rey Varela tras la última reunión de la FEMP en la que alcaldes populares de todo el país mostraron también su rechazo.

El clamor de los regidores ante una norma que, además, contempla la supresión de las mancomunidades y de las entidades locales menores también se dejó oír ayer a las puertas del ministerio, donde un grupo de alcaldes de pedanías, parroquias y concejos, entre otras, se movilizó para protestar por la reforma de la Administración local propuesta por el Gobierno y que contempla la "supresión" de 3.725 entidades locales menores (nueve de ellas en Galicia) por deficitarias.

Por otra parte, durante la reunión de la CNAL los alcaldes se comprometieron a cumplir el déficit cero en 2013, 2014 y 2015 y a fijar su techo de deuda en el 3,8% del PIB. No obstante, la FEMP trasladó a Hacienda su "malestar" ante la constatación de que se les siga pidiendo "más esfuerzos" pese a ser las administraciones menos endeudadas. "Le pedimos tolerancia ante acciones imprevistas y de emergencia social, que podamos incrementar el déficit en estos casos", defendió Caballero, que asegura que el ministerio se comprometió a estudiarlo.