n Aprobada la ley que obliga a los cargos de la Xunta imputados a pagar la defensa si son condenados

El Gobierno gallego refrendó ayer la última norma pendiente del paquete de "impulso democrático" comprometido por su presidente, Alberto Núñez Feijóo. Se trata de la ley que regulará la asistencia jurídica a empleados públicos y a autoridades de la Administración autonómica con conflictos en los tribunales y que hasta ahora se regían por una norma de 1984. Entre las principales novedades de la ley se encuentra la cobertura de "vacíos legales" y la introducción de que sea la Asesoría Xurídica de la Xunta -y no solo la consellería de la que dependa el empleado público o cargo en cuestión- la que decida si el imputado es defendido. Además, si éste perdiese el pleito y resulta condenado deberá abonar los gastos generados en el proceso. Hasta el momento en la Administración gallega la decisión acostumbra a partir del departamento en cuestión, aunque la última palabra la suele tener la Asesoría Xurídica, que decide si veta o no una defensa. Ahora quedará regulado por una ley que, además, rechazará la defensas de cualquier empleado público o cargo en cuya actuación haya "indicios" de que ha actuado "contra los intereses de la administración". Si la defensa se autoriza y dichos indicios aparecen una vez que ya ha avanzado el procedimiento, podrá ser "revocada" en cualquier momento. Según había avanzado Feijóo, si se niega la defensa a un empleado público por una actuación durante sus funciones y es absuelto, deberá ser indemnizado por la Administración autonómica.