Anido desacredita la denuncia de Fiscalía y reclama el archivo de la causa de la minuta

Tercer paseíllo a los juzgados del alcalde de Sada, Ernesto Anido. El regidor prestó ayer declaración en el juzgado de Betanzos imputado por falsedad documental por la emisión de una factura de 1.815 euros a un bufete de abogados (el mismo que le representa) por unos servicios de los que Secretaría dice no tener constancia.

El mandatario intentó evitar esta "pena del paseíllo", como la denominó en un escrito que remitió al juez el pasado 3 de febrero en el que tachaba de "absurda" y "temeraria" la denuncia interpuesta por Fiscalía a raíz del escrito del PDSP. Ernesto Anido insistió en enmarcar el proceso en la campaña de acoso y derribo de sus exsocios y solicitó sin éxito que se suspendiese su declaración y se citase a declarar a tres testigos a como paso previo al sobreseimiento de la causa.

Los hechos investigados se remontan a 2012, a los meses inmediatamente posteriores a la sentencia que inhabilitó al exsocio de Anido, Ramón Rodríguez Ares. El Concello aprobó el pago de una minuta de 1.815 euros al bufete Carlos Martínez y Asociados (acompañada de otra de 63 euros a un procurador) y justificó la falta de propuesta de gasto alegando que "los honorarios del abogado son facturados en función de la cuantía del recurso", como si se tratase de gastos en la defensa de un juicio. El alcalde defendió posteriormente que se trató de un contrato de asesoría para resolver las dudas sobre si procedía la destitución del que era primer teniente de alcalde o si por el contrario correspondía esperar a que el fallo fuese firme. El secretario municipal emitió un informe por aquellas fechas en las que concluía que en base a lo dispuesto en la ley electoral, Rodríguez Ares debía renunciar a su acta de edil, pero condicionaba la renuncia a la previa comprobación de la existencia de la sentencia (en aquel momento el Concello solo disponía de una fotocopia).

El alcalde mantuvo ayer que sufrió mucha presión por parte de la oposición y de sus propios socios y que decidió contratar a un bufete (que había trabajado para su promotora) para recibir "asesoramiento independiente y especializado". El regidor aportó ayer unos correos electrónicos con los que intentó demostrar la existencia de esta asesoría. Según ha podido saber este diario, en los correos, el bufete le aconsejaba pedir un dictamen de la junta electoral y requerir la sentencia a Rodríguez Ares y al juzgado (trámites que realizó el Concello).

El regidor declaró que mantuvo varias reuniones con el bufete para recibir asesoramiento. Anido cuestionó las conclusiones del secretario municipal accidental, que negó la existencia de ningún informe del despacho de abogados, y reclamó que se citase a declarar al habilitado nacional. El juzgado ha aceptado esta última petición.