Oza-Cesuras intenta legalizar ahora un centro social investigado por la Justicia

El Concello de Oza-Cesuras elevará a pleno hoy una propuesta con la que pretende legalizar un centro social de Borrifáns tras la apertura de una investigación por parte de la Justicia. Los hechos se remontan a enero de 2016. En esas fechas los socialistas denunciaron ante la Subdelegación de Gobierno que el Concello "colaboraba" con la asociación de vecinos de As Peniñas (en Borrifáns) en la construcción de un centro social "ilegal" en centro rústico, sin proyecto, sin dirección técnica y sin plan de seguridad.

El PSOE fundamentó su acusación en un escrito de la asociación vecinal que recogía que había adquirido los terrenos mediante documento privado y que el Ayuntamiento se había comprometido a "asumir el pago de los materiales de construcción" y la "redacción del documento técnico". A raíz de las primeras críticas de los socialistas, el Concello ordenó paralizar los trabajos, con las obras ya avanzadas.

El PSOE puso los hechos en conocimiento de la Axencia da Protección da Legalidade Urbanística, que abrió un expediente en julio de 2016 y reclamó al Concello copia de la licencia municipal o de las actuaciones realizadas para suspender los trabajos. El Gobierno local alegó entonces que ya había dado orden de paralizar los trabajos y, meses después, los socialistas recurrieron a la Justicia. El pasado 13 de enero, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 abrió diligencias y reclamó el expediente a la Axencia da Protección da Legalidade Urbanística.

Unos días después, la asociación de vecinos presentó por registro un escrito en el que exponía que en noviembre de 2015 había presentado ante el Concello una propuesta de convenio para construir el centro social en una finca de su propiedad, adquirida el 25 de mayo de 2015. El colectivo apelaba a una discrepancia sobre la superficie de los terrenos -fijada primero en 1.852 metros cuadrados y después en 2.555- que había retrasado las gestiones y finalizaba reiterándose en su solicitud de convenio.

Este acuerdo desembarca ahora en pleno. El Concello admite en la propuesta que se elevará a debate que el centro comenzó a construirse sin licencia en suelo rústico y propone legalizarlo como equipamiento público (la ley de suelo permite construir equipamientos sociales en rústico en parcelas de más de 2.000 metros cuadrados). El Ejecutivo local apela al interés de disponer de otro equipamiento público y propone iniciar el procedimiento para la adquisición gratuita de la finca y que los técnicos confeccionen en plan especial de infraestructuras y dotaciones y el proyecto técnico que permitan legalizar y finalizar la construcción. La propuesta no dispone de informe jurídico ni económico.