Oleiros y Xunta se pelean por 51 euros

Solo son 51,32 euros y la solución parece sencilla y de sentido común pero ha llevado a dos Administraciones a estar a la gresca. Por una tasa por ese importe que el Ayuntamiento de Oleiros no abonó el año pasado a Portos de Galicia, la Consellería de Medio Rural no puede entregarle una subvención de 41.004 euros para realizar la contratación de los trabajos de pavimentación de la Rúa Agurniño en Mera.

Portos le reclamó al Concello el abono de 51,32 euros de la tasa de ocupación del terreno portuario con la instalación de una carpa para la celebración de la Festa da Centola en noviembre del año pasado. El Ejecutivo local se negó a pagarla porque fue "una actividad privada que organizó la Cofradía de Pescadores de Lorbé", a la que además "acudió casi toda la directiva provincial del PP y la conselleira de Mar", es decir, que fue un acto que no organizó el Concello así que no tiene que pagar dicha tasa.

Desde Portos recordaron ayer que la normativa, rubricada por la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) establece que es siempre el ayuntamiento el que envía la solicitud de ocupación del terreno portuario y la firma, aunque sea para eventos que no organiza, sino que son de sociedades y otras entidades. Y entonces Portos liquida la tasa al que firmó la solicitud, es decir, el concello, y después éste repercute, o no, dicho pago en la entidad organizadora. Este organismo reiteró que en todos los casos en Galicia se hace así y no hay ningún problema, unos concellos repercuten después dicha tasa en las entidades organizadoras y otros no.

El tener sin pagar una deuda con la Administración gallega bloquea otras ayudas. Así ha sucedido con la subvención de 41.004 euros de la Consellería de Medio Rural, junto con unos 30.000 de fondos municipales, para asfaltar un camino. Medio Rural recordó que la ley obliga a que si un demandante de ayuda tiene deudas con la Seguridad Social o la Hacienda estatal o gallega, automáticamente se paraliza dicha ayuda, y es lo que ha sucedido en el caso de Oleiros. El Ejecutivo considera sin embargo que esta actuación de la Xunta es "vergonzosa".