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CERCEDA

PP y BNG piden un informe jurídico sobre la decisión de Liñares de ejercer inhabilitado

Quieren conocer las consecuencias legales para el Concello y personas que formen parte de los organismos en los que el alcalde participe

PP y BNG piden un informe jurídico sobre la decisión de Liñares de ejercer inhabilitadovíctor echave

El PP y el BNG de Cerceda han solicitado al secretario municipal del Concello que elabore un informe sobre las "consecuencias legales" de que el alcalde, José García Liñares, que ha sido condenado a año y medio de prisión y 16 de inhabilitación por prevaricación y fraude, no dimita y ejerza como regidor. Los dos grupos municipales presentaron ayer un escrito en el registro con esta petición dirigida al secretario.

García Liñares comunicó esta semana que dimite como diputado de Deportes por decisión propia, aunque lo cierto es que el PSOE provincial ya le había abierto la puerta al advertir de que la Ley de Régimen Electoral considera incompatible con la condición de concejal y, por tanto, de diputado, la condena por sentencia, "aunque no sea firme", por delitos contra la Administración Pública. Liñares también confirmó que no deja su cargo de regidor, que ostenta desde hace casi 24 años.

PP y BNG, formaciones encabezadas por los ediles Francisco Santos y Rocío da Igrexa, quieren conocer con exactitud las "consecuencias legales y jurídicas para el Concello y personas que formen parte de los organismos en los que el alcalde siga participando mientras se mantenga en su cargo" pese a la condena, según recoge el escrito presentado por los grupos de la oposición.

García Liñares se demarcó esta semana del PSOE, partido al que ha representado casi 24 años como alcalde. "Yo ya me di de baja en el PSOE, no le debo obediencia", recalcó el regidor, que quiso dejar claro aún así que nadie en el partido había reclamado su dimisión. Liñares defiende, desde que se hizo pública la sentencia, que no hubo prevaricación ni fraude. El regidor acusó al juez José Antonio Vázquez Taín de incurrir en "errores gravísimos", como el de negar la existencia de un segundo drenaje, un extremo que, incidió, no había sido denunciado por la Fiscalía.

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