Informes jurídicos contradictorios avivan el debate sobre el derribo de El Náutico de Sada

Veinte años después de que la Justicia anulase la licencia de El Náutico de Sada, el Concello ha sacado a concurso las obras de demolición de esta antigua cafetería, cerrada desde hace años. Los trabajos, licitados por 207.898 euros, se abren paso entre críticas de la oposición, PP y PSOE, avivadas ahora por la existencia de informes jurídicos contradictorios.

Los populares hicieron ayer públicas las conclusiones de un informe del pasado mes de julio del secretario accidental, Juan Esteban Méndez Leiva, desfavorable a la licitación de las obras de demolición. El funcionario, que en 2018 había emitido un informe favorable, basa su cambio de postura en la providencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que decretó el archivo de las actuaciones de ejecución de la sentencia de derribo de 1999 por el tiempo transcurrido desde el dictado de las sentencias.

El secretario accidental considera que esta providencia, contra la que el Concello alegó sin éxito, “muda radicalmente la situación”. “El derribo [de El Náutico] ya no es preciso judicialmente, tratándose de una cuestión más política que jurídica”, argumenta el funcionario en su informe, en el que advierte que “dilapidar el patrimonio público podría suponer incurrir en la existencia de responsabilidad administrativa, penal y mismo contable”.

El PP defiende que las conclusiones del secretario accidental, que acaba de conocer ahora, refrendan su postura. Los populares, al igual que el PSOE, instaron sin éxito al Ejecutivo municipal (Sadamaioría, BNG y Alternativa dos Veciños) a analizar la viabilidad de la legalización parcial del edificio que, inciden, es “100 por 100 municipal” desde que se rescató la concesión en 2015. En el último pleno, en el que el Gobierno local tumbó el recurso del PP, las dos formaciones defendieron además que el informe del arquitecto municipal apunta que “a día de hoy no resulta posible afirmar que no exista una alternativa a la demolición integral que pueda satisfacer las diferentes determinaciones legales que afectan a la edificación” .

El PP contrapuso ayer el “afán” del Ejecutivo de demoler El Náutico por sus esfuerzos por salvar de la piqueta “edificios ilegales de bancos o promotores” y puso como ejemplo la urbanización de O Loureiro o su interés por salvar el edificio de Fiunchedo. “Y el Náutico, 100 por 100 público, lo quieren demoler. En su lugar pretende colocar un busto de su nuevo mártir: Crisanto, para su mayor gloria de Robin Hood”, critican.

El alcalde, Benito Portela, de Sadamaioría, defendió ayer que la demolición de El Náutico “cuenta con todos los informes favorables, tanto los jurídicos como técnicos”. El regidor admitió la existencia del dictamen contrario del secretario accidental, pero contrapuso sus conclusiones con los informes emitidos posteriormente por la asesoría jurídica de la Diputación de A Coruña, que concluyen por el contrario que el Ayuntamiento está “obligado a dar cumplimiento, puro, simple y estricto al fallo condenatorio” y que cuestionan además que se hayan cumplido los plazos de prescripción. El regidor apuntó además que en la junta de gobierno que abordó la licitación del derribo de El Náutico, la única recomendación que hizo el secretario fue la de que debía resolverse antes expresamente el recurso de reposición del PP. "Y así se hizo", incidió Portela

El Ejecutivo municipal afirma además que la cafetería no tiene encaje legal en el plan general y que ya no la tenía en el documento inicial aprobado por el Gobierno del PP. Destaca además que todos los informes, tanto los solicitados al departamento de Urbanismo como a la Universidad de A Coruña coinciden en ver fundada la demolición para cumplir las Directrices de Ordenación do Territorio y el Plan do Litoral y recuerda que el proyecto de legalización parcial de 2009, que ya no se ajustaría ahora al planeamiento, ascendía a casi medio millón de euros.