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La CIG acusa a la Xunta de unas oposiciones "farsa" para docentes con plazas "infladas"

Confía en que los jueces le den la razón en relación a eventuales, laborales y funcionarios, como en La Rioja, Castilla y León y Asturias

CC.OO. recurrirá "a la mayor brevedad" ante la justicia el acuerdo sobre las bases de la carrera profesional en el ámbito del Servizo Galego de Saúde (Sergas) al considerarlo "injusto y excluyente".

De ello han informado en rueda de prensa Ángel Cameselle y Emilia Lamas, quienes, junto a varios compañeros, mostraron su "total discrepancia" con la orden que publica este lunes el Diario Oficial de Galicia (DOG).

El acuerdo, firmado el pasado 6 de junio en la mesa sectorial de negociación del personal estatutario por los representantes de la administración sanitaria y CIG, CESM (en la condición de adherida), UGT, CSIF y SATSE, entra en vigor con su publicación en el boletín oficial.

Por su parte, CC.OO. "no firmó ni va a firmar" este acuerdo, según ha advertido Cameselle, puesto que reclama la carrera profesional "para todos".

Por el contrario, el actual, ha denunciado, "deja fuera a miles de trabajadores", en alusión a "todo" el personal eventual, el laboral y el funcionario.

Cameselle ha subrayado que la carrera profesional dispuesta por la Xunta "no satisface al personal fijo", en cuestiones como el cobro "fraccionado" en las anualidades de 2019 y 2020 y el "pequeño" encuadre que al final se hizo, pero "mucho menos" satisface para el eventual, laboral y funcionario.

Un tercio del personal, "fuera"

De ahí, según ha expuesto Lamas, que el sindicato vaya a interponer una demanda judicial que, aunque "no paraliza", sí confía en que salga adelante, por los precedentes en comunidades como La Rioja, Castilla y León y Asturias.

"La carrera profesional reconoce la labor para mejorar el sistema, y no se puede discriminar a unos trabajadores de otros", ha incidido la secretaria de organización de la central.

De acuerdo con los datos de CC.OO., un tercio del personal del Sergas y sus entidades adscritas (tanto a la Consellería de Sanidade como al organismo) "queda fuera" del actual acuerdo, unas 12.000 frente a las 25.000 beneficiarias de las que habla el Gobierno gallego.

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