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Galicia censura que el Gobierno absorberá otros 40 millones de sus fondos de vivienda

La Xunta critica que Moncloa le detrae el triple de dinero del que le ha prometido || Pide la devolución del IVA del período previo al estado de alarma: 400 millones

Galicia censura que el Gobierno absorberá otros 40 millones de sus fondos de viviendaLa Opinión

Galicia alzó ayer la voz contra el Gobierno central por la posible retirada de otra parte de sus fondos con los que afrontar la factura de la pandemia del Covid-19. Días después de que el Ministerio de Trabajo confirmase que dejaría sin 100 millones a la comunidad de fondos para formación „más de 1.300 entre todas las comunidades„, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que existe un plan para añadir otros 35 o 40 contemplados dentro del plan de vivienda (para subvencionar rehabilitaciones o reformas de eficiencia energética) y que los 35 millones prometidos por el Gobierno para financiar actuaciones de la Xunta no llegan, lo que arroja un saldo dañino para las arcas gallegas. "Quiero dar un voto de confianza, pero algún presidente autonómico, de forma gráfica, ha dicho que lo que se nos retira es el doble de lo que se nos da. En el caso de Galicia, lo que se retira es mucho más del doble de lo que nos dan", ilustró Feijóo.

La videoconferencia realizada ayer entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los responsables de las comunidades giró en torno a explicar los planes durante la prolongación del estado de alarma. Feijóo avanzó su aval a esa prórroga y de nuevo prometió lealtad, pero exigió más información del Gobierno, demanda, por cierto, que también le plantea la oposición en Galicia, con el añadido de que en la comunidad el Parlamento está disuelto y la Xunta carece de poder fiscalizador. Feijóo se reunió ayer telemáticamente con los representantes de PP, Pedro Puy; PSdeG, Gonzalo Caballero; En Común, Antón Gómez-Reino; BNG, Ana Pontón; En Marea, Davide Manzaneda; y Ciudadanos, Beatriz Pino.

"Las conferencias [de presidentes] deben servir para reforzar lazos y no puede ser que el presidente del Gobierno, con toda buena voluntad, nos reúna un domingo y no nos aclare las decisiones de la semana siguiente. No puede ser que el martes veamos reducido nuestro presupuesto para financiar decisiones del Consejo de Ministros [...] No parece razonable tomar decisiones un Gobierno y que las pague otro gobierno. Eso no es lealtad", argumentó Feijóo. En ese sentido, reveló que "algunos borradores" que han llegado a sus manos sobre la apropiación de fondos del plan autonómico de vivienda como fórmula de financiación de las medidas de "escudo social" que el Gobierno quiere aplicar contra una crisis que es "la más potente desde el punto de vista económico desde que existe la Unión Europea", superando el tsunami causado por la quiebra de Lehman Brothers en 2008 que forzó el rescate del sistema financiero español. En eso, Feijóo coincide con Pedro Sánchez. "No tiene sentido que nos vuelvan a detraer dinero para financiar decisiones unilaterales del Gobierno central", advirtió el dirigente gallego, que pidió también la devolución de los 100 millones para políticas de formación en empleo.

En el terreno económico, Feijóo pidió al Gobierno abonar con la mayor agilidad posible tanto el pago de las prestaciones a los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como las devoluciones de IVA a empresas y autónomos correspondientes al año pasado y al período de este ejercicio previo a la declaración del estado de alarma. Esta última medida supondría 400 millones de euros en liquidez, según sus cálculos.

En lo relativo a los ERTE, aseguró que la Consellería de Economía ha tramitado el 55% de los alrededor de 30.000 presentados, ampliando el plazo de resolución, pues la administración gallega carece de medios para cumplir con los tiempos fijados en la actualidad, como reconoció el jueves pasado.

El titular de la Xunta pidió una estimación de la caída del PIB causada por la crisis y alertó de la necesidad de "reactivar paulatinamente" la actividad económica, como ha avanzado del Gobierno, para evitar un "empobrecimiento masivo de las familias y empresas, y del sector público autonómico".

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