La Xunta paraliza el expediente que abrió para investigar la falta de licencia de la Marina

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) informa al Concello de A Coruña tres años y medio después de que aplaza la investigación sobre la Marina que abrió en 2015 tras la denuncia de un colectivo y que no ha resuelto. El organismo dependiente de la Xunta señala que archiva provisionalmente las diligencias informativas a la espera de que sea el Concello el que resuelva primero su expediente de reposición de legalidad sobre las obras, también abierto el mismo verano al detectar que los trabajos se habían hecho sin licencia, autorización que la Autoridad Portuaria considera innecesaria.

Tras tres años y medio esta cuestión sigue encima de la mesa y las obras permanecen sin recepcionar ni pagar por parte del Concello. Este enfrentamiento con el presidente del Puerto, nombrado por el Gobierno de la Xunta, mantiene la Marina en estado de provisionalidad, con la zona de asfalto que sustituyó a las efímeras losas sin cambiar y con el proyecto de Creus y Carrasco para humanizar la zona condenado a la nevera.

La Axencia da Legalidade Urbanística (APLU) abrió diligencias por la construcción del túnel en terrenos portuarios en julio de 2015, tras la denuncia presentada en diciembre de 2014 por el Frente Cívico Somos Maioría ante el Concello, que a su vez puso los hechos en conocimiento de la Xunta. Somos Maioría también había acudido a los tribunales por si hubiese en la ejecución de la obra encargada a Copasa un delito contra el territorio y el patrimonio. La Audiencia Provincial archivó el procedimiento.

La denuncia que llegó a la APLU advertía de que las obras se habían realizado sin licencia en el ámbito de un suelo calificado como espacio libre y vial público. Paralelamente, el Concello abría también un periodo de información pública previa en relación a las obras denunciadas, para determinar si concurrían circunstancias que justificasen la incoación de un procedimiento de reposición de la legalidad por haberse realizado sin el permiso municipal exigido.

Los nuevos responsables municipales de Marea, que habían llegado al Gobierno en junio, se negaron, por ello, a firmar el acta de recepción de los trabajos, alegando que sería una "grave irresponsabilidad" hacerlo sin resolver la legalidad de la obra. La Autoridad Portuaria, que negó que fuese necesario tal permiso, calificó la situación de "inexplicable". Finalmente, ambas Administraciones llegaron a un acuerdo para abrir la Marina y que el Concello asumiese la seguridad y el mantenimiento pero dejaron la recepción de los trabajos en el aire.

La segunda semana de enero de 2019, el Concello remitió una carta a la Axencia para recordarle que esperaba por un dictamen para resolver el expediente de reposición de legalidad. "En el Concello se está tramitando el expediente de licencia municipal para legalizar las obras ejecutadas sin el título jurídico habilitante y, por otra parte, está pendiente de pago de una subvención municipal a la Autoridad Portuaria en espera de que se resuelva la situación urbanística de los trabajos", escribió el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, para pedirle a la APLU información sobre el resultado de los informes técnicos elaborados y resoluciones al respecto.

La Axencia da Legalidade respondió, tras tres años y medio, que archiva las diligencias provisionalmente y que es la entidad la que esperará por el procedimiento abierto por el Concello. Tras la respuesta de la Axencia, el Ayuntamiento replica que es este órgano el que dispone, "en exclusiva, de la competencia para la restitución de la legalidad urbanística en zonas verdes y dotaciones públicas", como es el caso.

"Es significativo que la APLU responda de esta manera, después de más de tres años y curiosamente una vez que el pasado 11 de enero el Concello le remitió un escrito en el que se le indicaba que estaba pendiente de respuesta", reprochó ayer, Xiao Varela, que recuerda que, de acuerdo con el artículo 8 de la ley 40/2015, la competencia de la APLU es "irrenunciable, por lo que se ejercerá a través de los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, en este caso, laXunta de Galicia".