El Gobierno sacará 3.000 millones de la 'hucha de las pensiones'

El Gobierno prevé sacar 3.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar la paga extra de Navidad de los pensionistas, lo que dejará la llamada hucha de las pensiones en unos 5.000 millones de euros. Así lo adelantó la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en una entrevista en El País, donde explica que sumará a este importe los 6.300 millones de euros que sobran del préstamo del Tesoro que el Estado concedió a la Seguridad Social en los presupuestos generales para 2018.

Valerio acusa al anterior Gobierno del PP de "mirar para otro lado" durante los últimos años en los que tiró del Fondo de Reserva, que llegó a estar dotado con 67.000 millones, y mostró las dificultades a las que se enfrenta para "dar un giro copernicano al transatlántico que es la Seguridad Social". El Gobierno no está, dice, pensando en ampliar la edad de jubilación o el cómputo de años para el cálculo de la pensión, pero se muestra a favor de revisar las prestaciones que se pagan con cargo a la Seguridad Social, y señaló que las de paternidad y maternidad "tienen que ver con la política de Estado", lo que vuelve a apuntar a la necesidad de reservar una partida para este fin dentro de los Presupuestos Generales del Estado.

Precisamente sobre las cuentas del próximo año habló ayer la secretaria de Estado de Hacienda, que defendió que suponen estabilidad presupuestaria y financiera de todos los niveles administrativos y que "fortalecerán la confianza" en la economía española. Inés María Bardón respaldó las medidas de subidas de impuestos previstas porque el actual nivel de ingresos es "incompatible" con el mantenimiento de un Estado de bienestar "sólido".

El Gobierno, dijo Bardón en la Comisión de Hacienda del Senado, se encuentra actualmente en pleno proceso de negociación de los presupuestos con el objetivo de "recuperar derechos sociales, revertir los recortes y avanzar hacia un sistema productivo sostenible y respetuoso con el medio ambiente". Las nuevas cuentas son "justas y sostenibles", en palabras de la secretaria de Estado, que asegura que la política de incrementos de ingresos busca una "justicia social" que pasa por que "paguen más los que más tienen y reciban más los que más necesitan".

Para conseguir "cohesión social" y reforzar las políticas sociales, apostó por una política tributaria "fuerte y justa", que primer los principios de igualdad y progresividad, como marca la Constitución, y aclaró que no va a ocurrir que se suban los impuestos a la clase media ni a los trabajadores. Se llevará a cabo una política fiscal "redistributiva" para que las grandes empresas y grandes rentas contribuyan de una manera que "no hacían hasta ahora", aseguró Bardón.