La plantilla de Alcoa sale a la calle para exigir al Gobierno que "tutele las fábricas"

La plantilla de Alcoa realizó ayer una nueva manifestación en A Coruña, la tercera en los casi dos meses que van desde que la multinacional anunció el cierre, para exigir una intervención más contundente del Gobierno que salve la factoría de A Grela con sus 369 empleos y la de Avilés (Asturias) con 317. "Queremos que el Estado tutele las fábricas. La mejor garantía que podemos tener los trabajadores y nuestra industria es que el Estado fiscalice el proceso ante cualquier productor que pueda venir", defendió el presidente del comité de empresa de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, antes del inicio de la marcha, en la que 500 personas -según la Guardia Civil- recorrieron la avenida de Alfonso Molina entre el edificio de Sindicatos y la rotonda de A Pasaxe.

Los trabajadores ven cada vez más difícil que la empresa revoque su decisión, por lo que apuestan por un relevo en la gestión de las fábricas para mantener la actividad y el empleo. Esa solución pasaría por la nacionalización o la venta. El comité coruñés tiene constancia de la existencia de inversores interesados pero teme que la estrategia de la multinacional estadounidense eche por tierra la operación: "Alcoa está preparando su salida [de España] para quedarse con el mercado. No le interesan las plantas pero el mercado sí", critica Corbacho, quien acusa a la aluminera de "ralentizar" el proceso del ERE para "no entrar en el debate de fondo" en las reuniones que mantienen en el periodo de consultas -que acaba el día 27, ampliable hasta el 15 de enero-.

Los trabajadores reclaman al Estado que intervenga las dos factorías en riesgo en favor del interés general, como prevé el artículo 128.2 de la Constitución, y rebaten el argumento que el Ejecutivo central ha dado para no hacerlo: "No es cierto que la legislación europea impida la intervención. Francia lo hizo con Macron e intervino unos astilleros temporalmente. Italia, también con empresas de interés general. Alemania está nacionalizando eléctricas a nivel municipal... Esas excusas no valen. El Gobierno tiene que implicarse más", zanjó Corbacho. El comité ha solicitado una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A través de la SEPI

La intervención que piden los trabajadores podría ser temporal, hasta garantizar la viabilidad de la producción industrial y el empleo del sector del aluminio, del que Alcoa tiene el monopolio en España. "No decimos que queramos irnos para la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales] y quedarnos ahí toda la vida. Decimos que en este proceso es muy fácil llevar un patinazo y necesitamos que el Estado lo fiscalice", concluye Corbacho.

Alcoa negó ayer que vaya a trasladar su producción de España a Arabia Saudí, como denunciaron los sindicatos. La multinacional tiene una participación del 25% en la planta de Maaden, por lo que considera que no se puede hablar de deslocalización y desliga la evolución de esta fábrica saudí del cierre previsto para A Coruña y Avilés.