Expropiados se plantean llevar al juzgado a los ediles que avalen el nuevo plan de pagos

Expropiados por la urbanización Costa Miño Golf avanzaban ayer que sus abogados estudian la posibilidad de "exigir responsabilidades, incluso personales, a los ediles que voten a favor" del plan de pagos que propone el Ejecutivo, que solo recoge el pago inmediato de 6,2 millones frente a los 12,5 de la deuda principal.

Los afectados creen que el Gobierno local puede incurrir en un "ilícito" si renuncia ahora a la mitad del préstamo del Fondo de Impulso Económico para pagar la expropiación de unos terrenos en 2002 cuyo pago ha sido reconocido por sentencia firme.

Las razones aducidas por el Ejecutivo municipal para dar este golpe de timón no convencen ni por asomo a los expropiados. "No es cierto que la decisión responda al interés general, la obligación de pago no va a desaparecer por renunciar al préstamo. Es más, seguirá generando intereses al no abonar la totalidad de la deuda principal", explicaba ayer una portavoz de los expropiados que decidieron no integrarse en el colectivo de afectados y que, al igual que la asociación, se plantea recurrir el plan de pagos. "Ya hemos enviado un escrito al Tribunal Superior para informarle de los planes del Concello", avanzaban ayer.

Los expropiados no ocultan su sorpresa de que el Gobierno local se niegue ahora a asumir el préstamo por la necesidad de realizar recortes y subir impuestos para devolver el crédito. "Es evidente que es una decisión difícil, pero que no nos miren a nosotros como los culpables, todo esto es consecuencia de las decisiones absurdas adoptadas por varias corporaciones municipales. Nosotros también somos vecinos de Miño y vamos a sufrir los recortes y la subida de impuestos. Solo defendemos nuestros legítimos intereses y la Justicia nos ha dado la razón", recalca su portavoz, convencida de que el Ejecutivo municipal "busca poner al resto del pueblo" en su "contra".

Al igual que el colectivo de expropiados, este grupo al que representa otro despacho de abogados confía en que "los tribunales harán justicia" y se opondrán a una decisión que tacha de "arbitraria que no vela por el interés general".