Informes provinciales avalan la viabilidad de la gestión directa de los parques comarcales

La gestión pública de los parques comarcales de A Coruña está hoy algo más cerca. Aunque todavía queda un largo camino por recorrer, los informes provinciales confirman la viabilidad económica y laboral de prestar directamente este servicio básico y esencial que la Xunta dejó en manos de empresas privadas.

Los técnicos han desmontado uno de los argumentos a los que se ha aferrado la Xunta hasta ahora para mantener la gestión indirecta: la conservación de los puestos de trabajo. Los informes jurídicos concluyen que es posible el tránsito al nuevo modelo del personal actual. Los servicios provinciales también confirman que la gestión directa resultaría más económica y, en el peor de los supuestos contemplados, tendría el mismo coste que mediante empresa interpuesta.

El rescate del servicio y la prestación directa de las emergencias ha sido uno de los compromisos suscritos por el actual Gobierno provincial (PSOE y BNG). El Ejecutivo trasladará en breve al resto de las Diputaciones y a la Xunta los informes, que allanan el camino para hacer realidad una antigua demanda de los bomberos de los parques comarcales, que reclaman desde hace años la homogeneización del servicio y la prestación pública de las emergencias.

Galicia es la única comunidad que ha privatizado la gestión de este servicio básico y esencial, que se reparten varias empresas (Veicar, Matinsa, Seganosa...). El modelo, instaurado por Manuel Fraga, ha estado envuelto en polémicas desde el principio. Los bomberos han alertado reiteradamente de la falta de coordinación entre los distintos cuerpos de emergencias -no comparten ni equipos de comunicación-, de la escasez de efectivos por parque -tres o a lo sumo cuatro por guardia para cubrir grandes extensiones de territorio-, de los problemas a los que se enfrentan por su condición de bomberos privados -que carecen de la condición de autoridad-.

Las conclusiones de los informes se dan a conocer en la recta final del mandato autonómico y transcurridos ocho meses del inicio de las reuniones entre la Xunta y las cuatro diputaciones para analizar la viabilidad de la gestión directa. El Gobierno gallego había dado el plazo de "mes y medio" a los gobiernos provinciales partidarios de la gestión directa para que aportasen los informes que demostrasen que el cambio de modelo no supondría un aumento de los costes y que está garantizado el tránsito de los efectivos actuales -personal laboral privado- al funcionariado.

El Gobierno gallego justificaba la cortedad de plazos para presentar los informes a la necesidad de evitar que el debate coincidiese en período electoral. La segunda y última reunión entre Xunta y diputaciones se celebró el pasado 3 de marzo y se zanjó sin acuerdos. La Diputación de Ourense se desmarcó definitivamente y dejó clara su apuesta por la gestión indirecta. Los responsables de los tres gobiernos provinciales restantes reconocieron las discrepancias entre los análisis preliminares y abogaron por un "estudio conjunto y profundo en el que se evalúen todos los indicadores".

El Ejecutivo provincial coruñés ha sido el que más ha defendido la gestión directa del servicio. La Diputación que preside el socialista Valentín González Formoso es la que reúne mejores condiciones para dar el paso dado que el contrato de emergencias ya ha concluido y sigue en manos de Veicar en prórroga. Hace ya año y medio que el Tribunal Central de Recursos Contractuales tumbó el concurso convocado por el anterior Ejecutivo provincial al entender que las condiciones que establece el Consorcio Provincial Contraincendios no se corresponden con las de un contrato de gestión de un servicio público en régimen de concesión, sino con las de un contrato de servicios. La resolución paralizó los trámites y los papeles siguen sin moverse a la espera de que concluyan los análisis sobre la viabilidad de la gestión directa.

El Gobierno provincial de A Coruña es el que ha apostado más por el cambio de modelo. Valentín González Formoso y Goretti Sanmartín han secundado con las demandas de los bomberos. Una postura que contrasta con la tibieza de los gobiernos progresistas de Pontevedra y Lugo.

Las conclusiones de los informes han sido recibidas con entusiasmo por la Mesa Intersindical de Bombeiros de Galicia. El colectivo agradeció la receptividad de la Diputación coruñesa y manifestó su confianza en que culmine con "la privatización de este servicio básico, un caso único y sangrante en todo el estado". Fuentes provinciales inciden en que todavía queda un largo camino por recorrer.