El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, asegura que la Consellería de Infraestructuras “impide” renovar el convenio para que el bus urbano 1A llegue a Santa Cristina porque quiere que antes el Ayuntamiento le abone a la concesionaria del transporte metropolitano, una UTE con Cal Pita, el dinero correspondiente a lo que deja de ingresar por la pérdida de viajeros de su línea, usuarios que optan por coger el transporte de Tranvías de A Coruña. En total, son casi 50.000 euros lo que le reclama la empresa a Oleiros por la pérdida de pasajeros de 2019 y 2022 (22.210 y 27.260 euros, respectivamente).
García Seoane fue tajante: “La Xunta actúa ahora como el cobrador del frac. Cal Pita reclama una indemnización sin justificarla (...).No le reconocemos esa cantidad, que vaya a un contencioso”.
El pasado 22 de febrero el Concello de Oleiros presentó ante la Consellería de Infraestructuras un escrito para renovar el convenio con la Xunta y con A Coruña para que el bus 1A vaya, un año más, hasta Santa Cristina en verano, por un plazo de cuatro años, solicitando también impulsar que esta línea prolongada dure todo el año.
La consellería afirmó que para renovar el convenio solicitó documentación a Oleiros “acreditativa” de que cumple los compromisos de dicho convenio.
La Xunta recordó que una de las cláusulas del convenio estipula que Oleiros debe “asumir íntegramente las indemnizaciones” a las empresas de transporte interurbarno que tengan tráficos que coincidan con la línea del bus 1A, de forma que la consellería sería la encargada de calcular el número de viajeros afectados para hacer la liquidación y que el Concello abonase a la empresa perjudicada. Para el año 2019 calculó una pérdida de 22.210 euros. La empresa solicitó también las pérdidas de 2020 y 2021 pero la Xunta lo rechazó porque fueron los años de la pandemia y ya fueron compensadas por otro lado.
La unión de empresas con Cal Pita envió la factura, tras el cálculo de la Xunta, al Concello de Oleiros, pero éste contestó que no puede pagar a una empresa con la que no tiene contrato. Indicó también que la concesionaria no aportó documentación y que el Ayuntamiento no pudo fiscalizar los datos de viajeros e importes, así que no puede verificar si la factura es correcta.
Ante esta situación la Xunta le ha pedido a Oleiros que como muy tarde el 24 de marzo informe de que cumplió su obligación de abonar estas indemnizaciones, como estipula el convenio, por los años 2019 y 2022.