Los muelles no se pueden vender a cualquier precio

El portavoz socialista en el Parlamento gallego, José Luis Méndez Romeu, puso hace días el dedo en la llaga al advertir de la preocupante situación del Puerto coruñés. En una dura crítica a la gestión de la Autoridad Portuaria, el parlamentario dio por perdidas las inversiones de 340 millones en la dársena exterior de Langosteira vinculadas a la instalación de las empresas mexicana Pemex y china Beijing 3E, anunciadas a bombo y platillo hace ya tres años.

El problema no es que se puedan truncar esas inversiones, que también, sino la angustiosa situación financiera del Puerto. Es sencillo comprenderla: con una deuda en torno a los 300 millones y dado que su negocio no tiene mucho más margen del millón de beneficios al año -el pasado perdió cuatro millones-, necesitaría más de un cuarto de milenio para sanear sus cuentas. Quien quiera hacer una lectura cabal de la magnitud del problema solo tiene que sumar los intereses correspondientes.

Y ahí es donde entra el otro elemento esencial del atollado, elemento que también ha estallado estos días envuelto en polémica: la venta de terrenos del puerto interior, una vez desafectadas sus actividades, como mecanismo para hacer frente al alocado endeudamiento. Una operación urbanística, más que empresarial, que está en el origen mismo de todo este monumental embrollo y en la cual puede generarse un conflicto entre los intereses del Puerto y los de la ciudad, o sea, los de todos los coruñeses.

El puerto exterior fue impulsado por el exalcalde Francisco Vázquez y el exministro Francisco Álvzarez Cascos, al hilo de la marea negra del Prestige. Oficialmente se trataba de dotar a las costas gallegas de un puerto refugio -de hecho así se le llamó inicialmente, y no exterior- donde poder recoger buques que sufriesen percances como los acaecidos con el infausto petrolero, de manera que no volviese a ocurrir una catástrofe medioambiental como aquella. Pero, siendo esa la argumentación oficial, lo cierto es que en el trasfondo del proyecto existía una gran operación urbanística en sintonía con los tiempos del ladrillo y el dinero fácil, esos que generaron la devastadora crisis económica actual.

La operación consistía, básicamente, en trasladar a Langosteira instalaciones del puerto interior, liberando así unos terrenos que, ubicados en un enclave con enormes expectativas de futuro, serían vendidos con tales plusvalías que darían no solo para el lucro de constructores y promotores, sino para pagar una parte considerable del puerto exterior. Los cálculos de ese cuento de la lechera en versión moderna y los muchos recelos que despertó el proyecto en los organismos competentes del Estado y de la UE hicieron que, para conseguir su aprobación, el Puerto coruñés asumiese una parte colosal del coste, a diferencia de lo que ocurrió en otros puertos ampliados, como el de Gijón o Ferrol.

Como en el cuento, el cántaro se rompió muy pronto, desgraciadamente. Las cuentas no cuadran por ningún lado y hasta las propias autoridades portuarias hablan ahora de la necesidad de "salvar" el Puerto. Y no cuadran, entre otras cosas, porque el presupuesto inicial de las obras, 479 millones, crece y crece como una bola de nieve. Está ya en los 700 millones y los cálculos lo sitúan al final, para el conjunto de Administraciones, en torno a los 1.000 millones. 130 de esos millones corresponden a la conexión por ferrocarril, indispensable para hacerlo operativo.

Los expertos achacan tal vergonzante desviación presupuestaria a dos elementos, fundamentalmente. El primero, a que el coste fue infravalorado para sortear esa enorme oposición que las autoridades nacionales internacionales competentes y los técnicos pusieron al proyecto; el segundo, a los propios defectos del proyecto, que han exigido cambios sustanciales, como el del contradique, por citar solo uno de ellos.

La gravedad del problema para la ciudad es ya vox pópuli. El manto de silencio que algunos quieren extender sobre él no sirve para acallar las preguntas y más preguntas que se hacen los coruñeses. Recuperar para la ciudad partes del puerto interior constituye un gran logro, al igual que acabar con el riesgo que implica las instalaciones allí ubicadas y los trastornos que su funcionamiento originan a muchos vecinos. Pero, aunque el fin está más que justificado, es evidente que se han hecho muchas cosas rematadamente mal. Acometer la mastodóntica construcción de un puerto exterior con tal alta carga financiera fue como jugar a la ruleta rusa, por citar una de ellas. Enmarcarla en la locura urbanística que tantos desaguisados, y bolsillos repletos, ha dejado en la ciudad tampoco fue menor.

En fin, mirar para atrás no sirve de nada. La única solución es hacerlo hacia delante y buscar las fórmulas para rentabilizar las inversiones. Eso sí, sin que nuevamente sea a costa de la ciudad. El Concello tiene la obligación de velar para que la venta de esos terrenos se haga correctamente en tiempo y forma, además de respondiendo a los intereses de A Coruña y los coruñeses, claro está. En ningún caso en beneficios exclusivo de quienes nos han metido en este embrollo. Y muchos menos de todos aquellos prestos a repetir las infaustas prácticas de la era del pelotazo.

La ministra Ana Pastor, en un prometedor encuentro con el alcalde Xulio Ferreiro, quien elogió el talante negociador de la titular de Fomento, ofreció al Concello rebajar la edificabilidad en los muelles. Esa es la línea correcta. Analizar, revisar cuanto haya que revisar y defender los intereses de la ciudad. La visión económica con la que fue concebido en 2004 el desarrollo de esa área, con grandes superficies comerciales y alta edificabilidad, está más que cuestionado. La época de demanda inmobiliaria y consumo ilimitado es agua pasada. Por no hablar de los 200 millones de beneficio previstos en 2004 por la venta de los muelles, y que siguen manejándose aún ahora.

Los coruñeses están hartos de opacidad. Reclaman datos actuales y rigurosos sobre los recursos previstos por la operación, su impacto en la situación económica global del Puerto y su repercusión en el desarrollo urbanístico y dotacional de A Coruña. La trasparencia, siempre necesaria para aunar criterios y disipar sospechas, es más necesaria que nunca.

En cualquier caso, lo que es evidente es que la venta de los muelles no va a asegurar sin más la viabilidad de Langosteira. Rentabilizar el puerto exterior coruñés depende sobre todo de la capacidad de atraer negocio, inversión y empresas a sus instalaciones. A día de hoy, el principal negocio de calado a la vista es el traslado previsto para antes de la primavera de 2018 del 60% de la actividad de Repsol desde los muelles interiores a los exteriores, que supondrá para el Puerto compensar con 24 millones a la petrolera. Por cierto, el traslado requiere construir un oleoducto entre Langosteira y la refinería cuyo trazado aún se desconoce.

El endeudamiento es un problema colosal para el Puerto, sin duda. Pero a futuro, su gran signatura pendiente es generar actividad que le reporte ingresos. Y tienen que ser a mayores de los que actualmente produce, claro está. Sin ellos, por muy bien que se vendan los muelles, el proyecto de Langosteira difícilmente llegará a buen puerto.