Miño somos todos

Miño, un municipio coruñés que no llega a los 6.000 habitantes, debe abonar 21 millones a los expropiados de Costa Golf, una urbanización de más de mil viviendas y campo de 18 hoyos. El fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia supuso la condena del Ayuntamiento miñense como responsable subsidiario tras la quiebra de la constructora del complejo, Fadesa, la misma empresa a la que el Consistorio coruñés concedió una licencia ilegal para reconvertir la sede de Fenosa en un edificio de viviendas y locales comerciales. Sobre el inmueble herculino pesa una orden de derribo, también ratificada por el Supremo, que podría alcanzar los 40 millones en el supuesto de ejecutarse totalmente.

Ambos casos, entre otros muchos que han dejado hipotecada la gestión municipal para la próxima década, responden a procesos judiciales de largo recorrido que entran en su fase final. Las repercusiones legales de la burbuja inmobiliaria llegan, por tanto, ocho años después que la crisis económica derivada de su pinchazo. La justicia es lenta y mucho más cuando hay capacidad para demorarla.

El ciudadano, que todavía está pagando el recibo de la era del ladrillazo en forma de paro y recortes, entre otras graves consecuencias, teme que ahora también se le endose la factura jurídica de aquel tiempo. Después de sufrir miles de despidos, cierres de pequeños y medianos negocios, más de 600.000 desahucios, subidas de IVA y demás tributos, e incluso estafas masivas de clase preferente, solo falta verse abocado a una cascada de subidas en los impuestos locales junto a nuevos recortes en los servicios públicos para afrontar los casos Fenosa y Fadesa que se agolpan en los tribunales. Si los cinco mil miñenses o los 245.000 coruñeses, que han padecido y padecen la crisis en sus empleos, empresas y economías domésticas, tienen que abonar también el recibo de la gestión municipal que alentó la burbuja inmobiliaria, sería como endosarle a la víctima las irresponsabilidades que causaron su sufrimiento. Solo un diabólico sistema político y legal puede convertir a los justos en pecadores.