La recuperación tendrá que esperar

La corrección a la baja del Banco de España a sus previsiones de crecimiento del PIB, que sigue a las rebajas de otros organismos como Funcas, deja en una mera ilusión el cuadro macroeconómico con el que el Gobierno calculó los Presupuestos el año pasado. Han pasado apenas unos meses, pero ya nadie habla de recuperación económica, sino de guerra y de inflación. Eso, claro está, tendrá un efecto sobre las cuentas del Estado, como ya lo está teniendo sobre los ciudadanos. En su informe trimestral publicado hace unos días, el Banco de España estima que la economía española crecerá este año el 4,5%, nueve décimas menos que lo que calculaba en diciembre, antes de la invasión de Ucrania. Las cifras oficiales del Gobierno se mantienen todavía en un 7%, que si ya era optimista cuando se presentaron, ahora se antojan simplemente imposibles. Se da por descartado que el dato se revisará cuando el Ejecutivo presente el Plan de Estabilidad 2022-2025 a finales de este mes. A medio plazo, el Banco de España no confía en recuperar el nivel de la actividad de antes de la pandemia hasta el tercer trimestre de 2023. Más de un año para remontar la economía.

De todos los malos datos conocidos estos días, el más preocupante es el de la inflación. Subirá al 7,5%, estima el mismo informe. Eso, contando las medidas que ya ha adoptado el Gobierno para intentar contener la escalada de precios, que incluyen desde bonificaciones a los carburantes hasta topes a la subida de los alquileres. Pero sin contar las consecuencias que puedan tener futuras sanciones contra Rusia o la misma prolongación del conflicto bélico.

Los países de la Unión Europea están mostrando unidad de acción desde el inicio de la invasión, debilitando a la economía rusa, pero ya se ha visto que las sanciones actúan como un bumerán contra los países occidentales. Las atrocidades de Bucha y otras ciudades ucranianas no pueden quedar sin una respuesta europea, si bien esa respuesta se hace con una calculadora para evaluar la relación coste-beneficio. Por ejemplo, la dificultad de desprenderse de la dependencia del gas y petróleo rusos, para algunos países (Alemania) más que otros.

Volviendo a España, todo eso se traduce en una única certeza entre un mar de dudas: este año los esfuerzos deben centrarse en salvar los muebles. Es ahora que el Estado debe demostrar su función de paraguas social, evitar que la inflación golpee más a las rentas bajas y se dispare la desigualdad social. El primer conjunto de acciones va encaminado en esa buena dirección, pero posiblemente sean necesarias más. Un incremento del gasto social (solo la subida de las pensiones por la inflación costará 13.500 millones más) que sería contraproducente hacerlo solo a cuenta del déficit.