Sanidad recorta 2,6 millones en los fondos de dependencia a Galicia por sus retrasos

El presupuesto para el desarrollo de la ley de dependencia este año es exactamente el mismo que el del pasado ejercicio. Lo que cambia es el reparto entre las autonomías. ¿Por qué? Porque ellas mismas y el Ministerio de Sanidad acordaron ya en 2009 que los criterios tenían que recoger la gestión real de las ayudas, con más dinero, evidentemente, para las regiones que más casos atienden, y menos para las que se atascan en la revisión de las solicitudes y, por lo tanto, en el número de beneficiarios. La distribución de los 283,2 millones de euros disponibles es un fiel reflejo de los constantes informes del propio Gobierno central y las asociaciones que repasan el cumplimiento de la normativa y que señalan a Galicia, junto con Valencia y Canarias, como los territorios donde el sistema cojea. La Xunta recibe casi 2,6 millones menos que en 2010, el segundo mayor descenso, según la resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado. El equivalente al 13% de su financiación.

Solo el Ejecutivo valenciano registra una caída mayor, de alrededor de 4,6 millones de euros, un 18%. En proporción al volumen total, por encima de ambas está Canarias, donde la penalización se lleva un 18,4% de las transferencias, aunque en términos absolutos, la cantidad es menor, 1,6 millones. Por el medio está Madrid, con un tijeretazo de 2,3 millones, un 7,8% menos en comparación con la partida que se le asignó el año pasado. Cataluña -con casi 1,2 millones menos-, Asturias -una disminución de 628.000 euros-, Baleares -con 343.500- y Castilla y León -de 104.000 euros- completan el listado de comunidades que sufren las consecuencias de sus retrasos.

Andalucía lidera el grupo de las comunidades aventajadas, con un incremento superior al 15%, de 9,3 millones de euros. Murcia recibe este ejercicio 1,4 millones más y Castilla-La Mancha, 1,073. Las ayudas se incrementan en Cantabria en 633.000 euros, en 475.000 para Aragón, 343.000 más para La Rioja, 89.500 para Extremadura y 30.600 euros en Ceuta y Melilla.

Las transferencias que después los Gobiernos autonómicos amasan en función de sus dependientes se asientan en tres fondos. El de mayor peso, el General, absorbe un 80% de ese total de 283.197.420 euros. A distancia del resto, en esta partida se tiene en cuenta la emisión de los Programas Individuales de Atención (PIA), que suponen la puerta de entrada a la prestación, con un 53,9% de la puntuación; y las prestaciones de servicio reconocidas, con un 16,8%. Los dictámenes del grado y nivel de dependencia se llevan el 6,3% del baremo, un 20% la población potencialmente dependiente, un 1,8% la superficie y un 0,6% tanto la dispersión como la insularidad. El fondo de Compensación reserva un 10% del presupuesto para medir la capacidad económica de la población (49%), el coste de los servicios (49%) y los emigrantes retornados (2%), y el otro 10% premia el cumplimiento de acuerdos entre ambas administraciones, con la formación de cuidadores no profesionales (85%) y la transposición a la normativa autonómica (15%).

Con los datos de la gestión a 1 de enero de este 2011, cuando el número de beneficiarios con prestación ascendía a 32.572 personas, otros 21.300 que tenían el derecho reconocido pero sin ayuda todavía y 15.700 más sin pasar aún las pruebas médicas, Galicia perdió parte de la puntuación que acumulaba el ejercicio anterior. En 2010 llegó a conseguir el 7,1405% de los fondos estatales para la ley. Un año después, el índice de distribución cayó hasta el 6,2253%

La enorme diferencia entre las estadísticas oficiales que elabora el Ministerio de Sanidad con los beneficiarios del sistema de la dependencia y las cifras que maneja la Xunta dejan con la boca abierta a las asociaciones y organismos que trabajan habitualmente con los enfermos vinculados a este tipo de ayudas. En una de sus habituales depuraciones, el Gobierno central quitó del censo a partir de junio a casi 3.500 gallegos, sobre todo por la constancia de su fallecimiento. Benestar no lo tiene tan claro y mantiene a todas esas solicitudes en la nómina de las prestaciones, a la espera de una explicación del departamento que dirige Leire Pajín, al que se le inquirió por carta sobre la situación.

"Es absurdo", asegura el presidente de la Asociación de familiares de enfermos de alzheimer y otras demencias de Galicia (Afaga). "Si hay un desfase entre ambas administraciones, que gestionan recursos de los ciudadanos -reclama Juan Carlos Rodríguez Bernárdez-, lo tienen que resolver ya en vez de pelear y pasarse la pelota". La organización recuerda, además, que las ayudas de la dependencia suponen "en muchísimos casos" una medida de "subsistencia" para las familias. "Eso y los servicios, que son realmente lo que iguala los derechos de las personas", destaca. Afaga mantiene que entre sus asociados comentan que la tramitación de los expedientes va ahora más rápido. "Hasta que se llega al momento en lo que lo único que falta es tener la prestación -indica Juan Carlos Rodríguez-. A partir de ahí se sigue demorando todo".

Tanto en Afaga como en la Asociación gallega contra las enfermedades neuromusculares (Asem) insisten en que el fallecimiento de un posible beneficiario es "un hecho objetivo". "No tiene sentido lo que está pasando", dice Carmen Vilaboa, portavoz de Asem. "Personalmente, me fío de las estadísticas del Gobierno central porque es quien paga las pensiones, quien tiene la constancia de una muerte", señala. "La Xunta tendrá que demostrar caso por caso que esa gente sigue viva -continúa-. No entiendo cómo se puede dar esta situación".

El mismo asombro se repite en la Asociación de lesionados medulares y grandes discapacitados físicos de Galicia (Aspaym). "Tendrán que cruzar los datos y en el caso de que se descubra que están mal las estadísticas, exigir la devolución de los fondos cuanto antes", reclaman.