El Supremo abre la puerta al uso del certificado en toda España
Estima el recurso del País Vasco, cuya petición había sido desestimada por el Tribunal Superior
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo estimó ayer el recurso presentado por el Gobierno de Iñigo Urkullu y dio luz verde a la implantación de pasaporte COVID en el País Vasco, que había sido desestimada por el tribunal superior del citado territorio, confirmaron fuentes del alto tribunal. De este modo, las tres provincias vascas se unen al resto de territorios en los que ya es obligatoria esta medida para acceder a hostelería, lugares de ocio y también en algunos casos a hospitales o residencias de mayores.
Se trata de la segunda vez que los magistrados de esta Sala se pronuncian sobre este asunto y fallan favorablemente a la imposición de este documento, tras la sentencia del pasado 14 de septiembre que validó la medida en Galicia.
Al igual que en dicha ocasión, únicamente se ha producido un voto en contra, el del magistrado Jesús Fonseca-Herrero, en el ala más conservadora de la Sala. Pese a estos dos pronunciamientos favorables, hay que tener en cuenta que el Supremo resolvió en contra de la medida respecto de Andalucía el pasado agosto, si bien en este caso la decisión fue adoptada por la Sala de Vacaciones que estaba operativa durante dicha etapa, y que integra a magistrados de todos los órdenes jurisdiccionales, no siendo todos de Contencioso, que son los expertos en la materia.
Análisis individualizado
La decisión, en todo caso, supone abrir la puerta a la validación de la medida en toda España, con independencia de que en algunos territorios descarten por el momento su uso, como son la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Según las fuentes consultadas por El Periódico de España, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, se analizará cada petición que llegue a este órgano de forma individualizada y teniendo en cuenta la situación y análisis jurídico que el tribunal superior respectivo haya realizado en cada territorio. Se trata de realizar un control legal de cada caso en particular.
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