Bajo la óptica de la prevención en materia de abusos sexuales que afecten y tengan como víctimas a los menores de edad, se ha introducido una modificación legal que establece el requisito de presentar un certificado de delitos de naturaleza sexual para acceder al desempeño profesional o voluntario de oficios y tareas que impliquen contacto habitual con niños. No estaría de más trasladar una medida de estas características a la política y las instituciones públicas, exigiendo un documento de honestidad y decencia pública a quienes vayan a ocupar y ejercer funciones relacionadas con el interés y el bienestar general, en el que se acreditara la ausencia de mentiras, engaños, despilfarros y cualesquiera otras acciones pertenecientes a la familia de la corrupción. Se dice que la memoria ciudadana en política es frágil y perecedera, sin embargo, las nuevas tecnologías ofrecen la posibilidad de ejercitar la misma sin acudir a complejos vitamínicos, realizando visitas a una hemeroteca digital que permanece con las puertas abiertas durante las veinticuatro horas del día. Los ciudadanos no pasan de la política, pero les cuesta respirar el olor a putrefacción desprendido desde su seno y entorno.

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