La Comisión Europea, en su informe de primavera, acaba de diagnosticar que la economía española estaría creciendo a tasas muy superiores a las actuales y a ritmos capaces de generar empleo neto de no ser por el abultadísimo endeudamiento acumulado por las empresas y las familias durante los últimos once años de euforia (1996-2007).
Esa pesada carga deudora, junto con la restricción crediticia por el temor bancario a incurrir en mayores tasa de morosidad, más el cierre de los mercados a la barra libre del préstamo que permitió a España financiar con recursos exteriores la fortísima burbuja inmobiliaria desde mediados de los 90, están impidiendo ahora el despegue del consumo y de la inversión. Y sin demanda interna, España sólo puede crecer por la vía de las exportaciones. Pero para hacerlo con el ímpetu exportador que está permitiendo a Alemania liderar el crecimiento europeo, España tendría que mejorar aún más su competitividad. Y como ya no es posible devaluar su moneda como antaño, la presión se ejerce sobre las llamadas "reformas estructurales", en las que los ciudadanos detectan la amenaza de recortes de derechos laborales y sociales y un latente peligro regresivo en sus condiciones de vida.
El movimiento 15-M ha hecho bandera de la exigencia de que "la política no esté sometida al dictado de los mercados" y de la reclamación de "soberanía popular" frente a "soberanía económica". "¿De qué sirve votar si mandan los mercados y los banqueros?", se preguntan.
Los inversores imponen las políticas económicas a los Gobiernos solo en el supuesto de que el país haya incurrido en unos volúmenes de deuda -sea pública o privada- que superen la percepción de capacidad de pago del país. Y en España, durante la década previa a la crisis económica, y al compás de la mayor burbuja inmobiliaria que se haya generado en el continente, "el endeudamiento del sector privado creció por encima del de cualquier otro país desarrollado", según el profesor Emiliano Carluccio.
El principal drama español no es, como se dice habitualmente, la deuda pública. La suma del endeudamiento de la Administración central, las autonomías y los ayuntamientos españoles apenas representa algo más del 63% del Producto Interior Bruto (PIB) -la riqueza que genera España cada año-, un nivel veinte puntos inferior a la media europea (80%) y a la del resto de los grandes países europeos. Y ello a pesar de que se intensificó desde 2008 por las políticas de estímulo fiscal y por el coste de la cobertura de desempleo, que alcanza ya un desembolso de 35.000 millones de euros anuales, una cifra superior al déficit del Estado previsto para este año.
Pero mientras el conjunto de las administraciones españolas adeudan 679.779 millones, sólo las familias españolas tienen contraídos débitos financieros por un monto de 886.460 millones, el 38,6% más que el conjunto de todo el Estado. Y a ello se suma que las empresas privadas españolas tienen contraído un endeudamiento adicional de 1,2 billones de euros más. Esto significa que la deuda privada nacional representa del orden del 189% del PIB.
Sin embargo, lo determinante en esta crisis, y lo que da cancha a la presión de los mercados, no es tanto el volumen de deuda como el endeudamiento exterior, es decir, el volumen de dinero que los agentes públicos y privados del país deben al resto del mundo y a los mercados financieros. Países con una deuda pública muy superior a la española -caso de Japón (200%), Italia (117%), Bélgica (101%) y otros- apenas han sufrido ningún embate de los mercados porque el grueso de sus bonos están en manos nacionales y su financiación no depende de forma mayoritaria de los prestamistas internacionales.
Éste no es el caso de España, cuya deuda exterior (en su mayor parte, privada) equivale al 170% del PIB. Es decir, del orden de 1,87 billones de euros que los españoles han de devolver al resto del mundo. Y ello porque durante los años de la euforia el país estuvo importando dos tercios de los recursos financieros que demandaban sus empresas y familias para consumir e invertir. El ahorro nacional solo era capaz de financiar el tercio restante.
Esta deriva de apalancamiento, generadora del preocupante déficit exterior español crónico, alcanza hoy también a los bonos públicos. El escaso ahorro interno ha supuesto que, a diferencia de lo que ocurre en otros países del área -incluso algunos con muy superior deuda soberana-, la tenencia por inversores extranjeros de títulos soberanos españoles alcanza ya algo más del 50%.
Los mercados financieros, como cualquier prestamista, imponen y extreman las condiciones y exigencias a los prestatarios cuando éstos han acumulado débitos muy por encima de sus posibilidades de pago presentes o futuras. Y el modelo de crecimiento español, del que han participado todos los agentes económicos, incluidos los ciudadanos que ahora pueden ver mermados sus derechos, hicieron posible unos niveles desorbitados de deuda nacional (mayoritariamente privada) que ahora han puesto al país en manos de sus acreedores.
Mientras la economía crecía y el crédito internacional fluía en abundancia y a coste muy bajo, no hubo problema para financiar el crecimiento y refinanciar las deudas. Pero todo cambió cuando sobrevino el desplome internacional y el desempleo y la recesión hicieron temer por la capacidad española para pagar.
Que los mercados financieros pueden imponer la política económica a los Estados si los países incurren en débitos extremos fue descrito por los economistas al menos desde el siglo XVIII. Pero ello no porque el poder político esté supeditado necesariamente al poder financiero sino porque los acreedores siempre son atenazados por sus prestamistas, y porque los prestamistas acrecientan su usura cuanto mayor sea la deuda de sus acreedores y menor su capacidad de pago. A mayor riesgo, las condiciones de pago se hacen más leoninas. Por eso Italia, con casi el doble de deuda pública que España, apenas se vio acosada: su exposición deudora a los mercados internacionales es baja.
A resultas de la crisis soberana de Grecia a finales de 2009, los mercados se pusieron nerviosos y ese desasosiego -al margen de las prácticas de los especuladores al acecho de oportunidades- se tradujo en un endurecimiento de las condiciones para aquellos países más dependientes de la financiación exterior.
"Los déficit públicos son excesivos en todos los países desarrollados", acaba de decir Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. La diferencia entre unas y otras naciones está en el grado de endeudamiento privado y en el nivel de dependencia exterior en que haya incurrido cada sociedad para financiarse. Porque eso determina la capacidad del país para crecer y, por tanto, para generar recursos fiscales al Estado y para reducir su gasto en desempleo. A ello se suma el fraude fiscal. Los países más castigados por los mercados son los que tienen mayor evasión. Funcas acaba de cuantificar la economía sumergida española en el 21,5% del PIB.
Deuda pública y deuda privada están así vinculadas. Hasta el extremo de que cuando la agencia Standard & Poor's redujo la calificación de España en abril de 2010 apuntó como un factor decisivo el elevado endeudamiento privado. Y ahora lo acaba de repetir su directora de riesgo soberano para Europa, Myriam Fernández.
El volumen total de deuda (pública y privada) es lo que llevó a los mercados a imponer a países como España un durísimo ajuste fiscal y recortes del gasto público, todo ello mientras seguían cerrados los mercados financieros a la demanda privada de crédito. Ajuste público, elevada deuda privada y un colapso en el desaforado mercado inmobiliario -principal causa del paro desmedido del país- son lo que, según los informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) del 12 de mayo y de la OCDE del 25 de ese mes, están motivando que España, como en general el Sur de Europa, esté creciendo a ritmos menores que otros países del área. Y el menor crecimiento del PIB entraña, como un círculo vicioso, más dificultad para pagar la tremenda deuda nacional. Por eso José Viñals, director de asuntos monetarios y mercados de capitales del FMI, dice que la única fórmula para reactivar la economía de países como España es el "desendeudamiento ordenado" de empresas, familias y Estado.
