El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer en el Congreso de los Diputados un acuerdo con el líder del PP, Mariano Rajoy, para reformar de forma inmediata la Constitución e incluir un límite al déficit público y al endeudamiento de las administraciones públicas que satisface a la derecha, indigna a los sindicatos y la izquierda y ha generado duras críticas en el seno del Grupo Parlamentario Socialista. Hasta el candidato a suceder en la Presidencia del Gobierno a Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció ayer en los pasillos del Congreso que no le gustó la propuesta que el jefe del Ejecutivo le planteó en los últimos días y que decidió aceptarla el lunes por la noche, cuando Zapatero le explicó que había llegado a un acuerdo con el líder del PP, cuyo contenido aún no trascendió. "Entonces pensé en que un gran acuerdo entre el PP, el PSOE y el Gobierno para luchar contra el déficit podía ser muy importante para la buena marcha de la economía española en estos momentos", dijo.
Con esta reforma, España se convertirá en el primer país de la zona euro que asume las peticiones que la semana pasada hicieron la canciller alemana, Angela Merkel y el primer ministro francés, Nicolas Sarkozy, para superar la crisis de deuda.
Zapatero comparecía ayer en el Congreso para debatir la convalidación de las nuevas medidas económicas aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado viernes (reducción del gasto farmacéutico, rebaja del IVA al 4% hasta diciembre para la compra de vivienda y recaudación anticipada del impuesto de sociedades para las grandes empresas). La abstención, conocida de antemano, de los grupos nacionalistas garantizaba al PSOE la aprobación del ajuste, allanada después con la abstención crítica del PP.
El Presidente introdujo en su intervención una propuesta sorpresa: establecer en la Constitución "una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo, en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda, que vinculara a todas las administraciones públicas". Zapatero planteó que la reforma se aborde de manera "inmediata", antes de que las cámaras legislativas se disuelvan a finales de septiembre ante la convocatoria electoral del 20 de noviembre. La segunda reforma de la Carta Manga española en sus 33 años de historia (la única anterior data de 1992) debería concretarse en poco más de un mes. Y se plantea de ese modo aunque, según expuso el propio Presidente, el nuevo techo constitucional de déficit no sería efectivo hasta el período 2018-2020. El Presidente reveló que había mantenido conversaciones previas con el líder del PP y con el candidato socialista a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba.
¿Qué implica establecer un techo de déficit y deuda en la norma fundamental del Estado? Se interpreta como un mensaje potente a los mercados financieros sobre el compromiso de disciplina presupuestaria, de seriedad en el gasto público y de garantía de solvencia. Una especie de seguro para los inversores que prestan dinero a la Administración. Los impactos económicos dependerán de cuál sea el diseño de la regla, aún por definir. Alemania se ha dotado de una norma que establece como techo de déficit anual el 0,35% del PIB para el Gobierno federal a partir del 2015 y lo prohibe por completo para las regiones (lander) desde 2019. Esta regla es rígida, independiente del ciclo económico. Restringe por tanto la capacidad del Estado de intervenir con políticas de gasto para reanimar el crecimiento económico (medidas anticrisis de enfoque keynesiano) en situaciones de crisis y de merma de los ingresos.
El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, criticó que los dos grandes partidos pretendan tramitar una reforma de la Constitución por la vía de urgencia cuando el límite del déficit no se aprobará hasta 2018. Y es que tal y como ayer advirtió el presidente del Congreso, José Bono, para que la reforma pueda tramitarse antes de que se disuelvan las cortes, los dos partidos deberán presentar esta misma semana su propuesta de modificación constitucional, aunque fuentes de los dos partido aseguraron que el acuerdo está muy avanzado.
El PSC se desmarcó ayer de la propuesta, que rechazan pactar una reforma constitucional para calmar los mercados después de que durante años se haya rechazado una modificación autonomista. Al menos otros dos diputados del PSOE de la corriente Izquierda Socialista cuestionaron la iniciativa del presidente que busca "imponer la derecha europea" e implicaría "constitucionalizar uno de los principios ideológicos más duros del neoliberalismo e imposibilitar políticas fiscales contracíclicas". Esta corriente interna del PSOE aseguró que la medida no fue debatida ni siquiera comunicada al Grupo Parlamentario Socialista y alertó de que con este planteamiento, el PP "se frotará las manos".
Reacciones
El líder del PP, Mariano Rajoy, que confirmó en su discurso la disposición del PP a aprobar la reforma, aprovechó para recordar que su grupo ya la había planteado hace un año y echó mano de las hemerotecas para demostrar las contradicciones de sus adversarios. Entonces, y en el curso de otro debate parlamentario, Zapatero desechó tal propuesta y señaló sobre ella: "No tiene fundamento, ni eficacia, ni capacidad". Pérez Rubalcaba, entonces vicepresidente y ministro, también desautorizó la sugerencia de Rajoy. "Como todos sabemos, la Constitución es una ley que se cambia fácilmente y en un plis-plas nos arregla la crisis", ironizó.
Zapatero pidió ayer a los grupos que afronten con naturalidad una reforma, que se hará con la flexibilidad necesaria para que los presupuestos del Estado se puedan adaptar a los ciclos económicos.
El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, destacó que el cambio se refuerza como "una tendencia necesaria" en Europa, pero que su grupo esperará a "ver de cerca" la letra exacta de la propuesta. Para Gaspar Llamazares (IU), supondrá "la amputación del Estado del bienestar" y censuró que la reforma es un tema "lo bastante serio" como para que sea sometido a referéndum ya que convertiría "una Constitución de consenso, en otra de derechas y ultraliberal". PNV entiende que será inútil si no incluye flexibilidad. La portavoz de ICV, Nuria Buenaventura, mostró su desacuerdo porque la propuesta se ha hecho "de forma exprés" y porque supondrá "amputar" el estado social. Coalición Canaria y UPN criticaron también las prisas del proceso impuesto por Europa. La Comisión Europea felicitó de hecho el anuncio de Zapatero refuerza el "compromiso de las autoridades españolas".
El portavoz del BNG en el Congreso lamentó que se anteponga la reducción del déficit a la recuperación de la economía y que se quiera trasladar el déficit cero a la Constitución en una reforma "exprés". Para el BNG, el problema de la deuda soberana no radica en su volumen en el caso de España, "sensiblemente inferior" a la media de la zona euro, sino en los "ataques especulativos" a los que está sometida, "y Europa no hace nada". "A más chantajes de los especuladores, más recortes sociales", espetó Jorquera, quien censuró además el decreto de medidas anticrisis aprobado la semana pasada.
El portavoz del PP gallego en el Parlamento gallego, Pedro Puy, alabó la reforma constitucional planteada, aunque considera "más efectivo" mecanismos de control y sanción de ámbito europeo.
