La Consellería de Traballo aprobó ayer el cuarto expediente de regulación de empleo (ERE) de Elaborados Metálicos (Emesa) en el que autoriza a la firma de Coirós a suspender los contratos de 93 trabajadores por causas de producción, la misma justificación que alegó la compañía en las otras tres regulaciones laborales que encadena desde 2009. El comité de empresa presentó alegaciones durante el periodo de consultas -que finalizó sin acuerdo- y solicitó la desestimación del expediente al considerar que la compañía podría tener carga de trabajo si no externalizase los proyectos y si el grupo Isolux Corsán, al que pertenece, le adjudicase obras. El departamento que dirige Beatriz Mato desestimó la petición de los trabajadores al no tener en cuenta el volumen de trabajo que factura la multinacional. "La consideración del grupo de empresas sólo está presente en la acreditación de causas económicas, que no son las alegadas en este procedimiento", argumentó.

La resolución favorable se basa también en el informe que presentó la Inspección de Trabajo, en el que considera justificada la falta de producción de Emesa al encontrarse "completamente paralizado" el sector eólico. "No existen previsiones de mejoría, al menos en un plazo de tres años en los que se prevé comiencen las adjudicaciones que resulten del concurso eólico de Galicia", explica el texto. El documento también analiza la producción de estructuras metálicas y resalta el peso del grupo Isolux en este sector, al ser "una importante adjudicataria de obras", pero añade que eso "no se traduce necesariamente en la adjudicación de estructuras metálicas a Emesa".

La Inspección de Trabajo puntualiza que, si bien la compañía de Coirós debe concurrir con otras empresas para la adjudicación de la carga de trabajo, esta competencia "aparece desvirtuada por el hecho de que la fijación de la política de precios de Emesa la realiza el grupo, que, en último término, es el que decide si le resulta oportuno adjudicar un trabajo".

Los trabajadores, que han denunciado esta situación en los últimos años, exigieron a la Xunta que obligara a Emesa a presentar la carga de trabajo del grupo, que ganó 63 millones en 2010, un 3,2% más que un año antes, y logró varias concesiones este año. La Consellería, sin embargo, aceptó la justificación de la empresa, que alegó "haber presentado proyectos, participado en concursos y estar a la espera de la adjudicación de contratos".

El informe de la Inspección de Trabajo considera que la situación de la compañías es "coyuntural", aunque admite que las previsiones empresariales de los últimos dos años "no se cumplieron, a juzgar por la prolongación en el tiempo de las suspensiones y el número de extinciones producidas" desde 2009.

La fábrica de Coirós ha despedido a más de 150 trabajadores desde entonces. Las últimas 14 bajas se produjeron durante el periodo de tramitación del cuarto ERE. El comité de empresa denunció en varias ocasiones que la compañía sólo persigue el "desmantelamiento" de la fábrica y solicitó a la Xunta que paralizase los despidos.

Traballo, que emplazó a los trabajadores a resolver este conflicto en los tribunales al no ser un despido colectivo, considera que estas bajas no afectarán a la viabilidad de la empresa e incluso señala que pueden beneficiarla. "Es posible que contribuyan a su persistencia al reducir gastos en un periodo de inactividad", explica en la resolución del expediente.

De los 163 trabajadores de la firma, 93 se verán afectados por este ERE y estarán en el paro del 1 de noviembre al 31 de enero de 2012, aunque algunos ya han agotado las prestaciones debido a las anteriores regulaciones, según denuncia la plantilla. El comité de empresa se reúne hoy para decidir si presenta un recurso de alzada, para lo que cuenta con un mes de plazo.