La comercialización de participaciones preferentes se generalizó en España a partir de 1998, pero fue en los años previos a la crisis -e incluso con ella ya empezada- cuando más se extendieron. A las entidades les compensaba tener preferentes porque ese capital computaba en su ratio Tier-1, que servía de referente para medir su solvencia.
Con las nuevas normas de solvencia impuestas hace un año por el Gobierno de Zapatero, las preferentes no cuentan para el capital principal, la ratio que ahora se utiliza para medir la fortaleza de las entidades. Por eso muchos bancos, como CaixaBank o BBVA han optado por ofrecer un intercambio en bonos obligatoriamente convertibles en acciones, porque tanto éstos como los títulos en que un día se convertirán son considerados capital de la máxima calidad. Las entidades grandes están necesitadas de mejorar sus ratios para cumplir con las exigencias europeas, pero el inversor se enfrenta al riesgo de perder parte de su capital si la cotización cae o la entidad quiebra. Las convertibles además sólo pueden emitirlas las entidades cotizadas, con lo que no es una vía plausible para las cajas o los bancos que no han salido a Bolsa. De ahí que Banco de España, Bruselas y CNMV busquen una solución global, para todas las entidades.
