Tras la sentencia que obliga a Novagalicia a devolver a un matrimonio de Meaño el importe íntegro de las preferentes, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Aseguradoras (Adicae) anunció ayer que tiene ya preparada una demanda colectiva, que llevará a los juzgados en septiembre, para exigir a las entidades financieras que reintegren a sus clientes el dinero invertido en estos productos tóxicos.

El presidente de Adicae Galicia, Manuel Pardos, considera que la sentencia dictada por la juez de Cambados es "un paso adelante". En todo caso, no aconseja que cada afectado acuda individualmente a los juzgados puesto que en la Galicia hay unas 43.000 familias con preferentes de Novagalicia, más otras 20.000 afectadas por productos ofertados en otras entidades, y, explica, si acuden masivamente a la justicia conseguirían colapsarla.

Septiembre

Pese al éxito de la demanda presentada por el matrimonio de Meaño, que ahora conseguirá la devolución de los 7.560 euros que tenían invertidos en preferentes, Adicae advierte que la justicia es "lenta y farragosa" y, por ello, considera que la mejor solución es que las entidades reintegren el dinero. Si esto no se produce, la asociación de usuarios de banca defiende la presentación de una demanda colectiva que, según explica, ya tienen preparada para el mes de septiembre.

La campaña emprendida por los nuevos gestores de Novagalicia pidiendo "perdón" por la venta de preferentes no tranquiliza a Adicae, que asegura que es "absurda" y responde a intereses de marketing. Por esta razón, esta organización reclama a los actuales directivos de la entidad financiera que presenten en los juzgados "una demanda de acción social de responsabilidad" contra los anteriores responsables de las cajas de ahorro gallegas. "Desde la cúpula de este banco tiene que reconocerse que se cometió una injusticia y tienen que liberalizar las preferentes", insistió Pardos.

Para Adicae este problema debe resolverse ya puesto que las condiciones de la troika a España a cambio del rescate bancario imponen una quita a los afectados por las preferentes, de modo que no podrían recuperar íntegramente sus ahorros. Pardos cree que el Banco de España debe obligar a las autoridades europeas a retirar esa quita "presentando todos los papeles que acrediten que no se vendieron a inversores expertos y se deben exceptuar de las reglas del rescate bancario".