El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) decidió ayer retomar la subasta de CatalunyaCaixa y Banco de Valencia. La primera lo pidió expresamente como la mejor solución para sobrevivir a la reforma financiera y la segunda, está enteramente intervenida, después de que el grupo BFA, su principal accionista y también en manos del FROB, le diera la espalda. La puja para adjudicar las dos entidades nacionalizadas se suspendió temporalmente el verano pasado, cuando el Gobierno solicitó a la Comisión Europea un rescate para la banca de hasta 100.000 millones.
El FROB recuerda que el "aplazamiento temporal" de las ventas de CatalunyaCaixa y Banco de Valencia se dictó "en tanto no se concretaban los resultados de los procesos de valoración" de las auditoras internacionales y "las condiciones del apoyo financiero" que iba a imponer la Comisión Europea. Solo faltaba una semana para que acabara el plazo de presentación de ofertas por CatalunyaCaixa. Ahora, la reanudación no pone fecha concreta.
Hasta seis entidades, según el sector, se interesaron por la entidad catalana. Concretamente, BBVA, Sabadell -que acaba de reforzarse en la comunidad con un preacuerdo de compra de la red de oficinas de Banco Mare Nostrum-, Kutxa, Santander, el fondo JC Flowers y Banco Popular, inmerso ahora en una ampliación de 2.500 millones de euros de capital para cumplir con el déficit estimado por Oliver Wyman, de 3.223 millones.
Las pérdidas de CatalunyaCaixa en el primer semestre suman 1.444 millones de euros, con unas necesidades, según el test de estrés, de 10.800 millones de euros. El déficit en Banco de Valencia es de 3.462 millones de euros. El negocio entre enero y septiembre acumula unos números rojos de 876 millones. Antes de toda la nueva reforma financiera, el Popular e incluso Mare Nostrum se habían llegado a interesar por su compra, con un plazo de recepción de ofertas en su caso que se prolongaba hasta junio.
El futuro de Novagalicia depende del veredicto que dé la troika el próximo día 28 a su plan de recapitalización. Fuentes próximas a la dirección cuentan con que la UE autorice al banco a convertirse en una entidad puente que segregue sus activos tóxicos al banco malo y le conceda un plazo de cinco años para su reprivatización con inversores privados y una salida a Bolsa a medio plazo. Tras su nacionalización con 2.400 millones en septiembre de 2011, a NCG se le dio un año de plazo para buscar inversores. El plazo terminó hace dos meses, aunque el escenario normativo también ha cambiado. La entidad acumuló unas pérdidas en la primera mitad de 2012 de 1.400 millones de euros, y precisa, según Oliver Wyman, 7.176 millones de euros para resistir un escenario catastrófico.
