La decisión del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, de supeditar la petición de rescate de la economía española por la Unión Europea a que el Banco Central Europeo (BCE) garantice que, con su nuevo programa de intervención en el mercado de bonos, sea capaz de mantener la prima de riesgo española en un diferencial máximo de 200 puntos básicos (2 puntos porcentuales) por encima del interés que soporta Alemania, parte de una apreciación del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este organismo multilateral estimó meses atrás que, por los fundamentos de ambas economías, España no debería pagar una prima superior a 200 puntos básicos respecto al Tesoro alemán y que todo lo que rebase ese diferencial ha de achacarse a las dudas que suscita la continuidad del euro.

Aunque esta tesis no explica por qué las incertidumbres sobre el área monetaria penalizan más a los países del sur que a los del norte, España se aferra a este diagnóstico para responsabilizar a la UE y al BCE de que la prima española esté en el entorno de los 390 puntos básicos y para exigir que se le den garantías de control del diferencial de riesgo en la parte achacable a Europa y no a España como condición previa para someterse a los sacrificios y al estigma de pedir el rescate.

España fundamenta además su posición en que bastó que el presidente de BCE, Mario Draghi, dijese que iba a actuar en el mercado de bonos para que la prima española cesase su escalada el 25 de julio -llegó al récord de los 649 puntos básicos- y emprendiese la senda de relajamiento.

Pero para el BCE la pretensión española es inasumible. Supondría tanto como vincular su destino y su credibilidad a la de la economía española y correr su misma suerte en caso de infortunio.

La teoría de que "si el BCE quiere", la crisis de la deuda española "acabará el lunes, y si no acaba el lunes es porque el BCE no quiere", (Esteban González Pons) parte de la vieja creencia de que los bancos emisores son omnímodos frente a los mercados ("no conviene llevarle la contraria a la FED", se dice en Wall Street), dado que disponen de toda la artillería a su alcance: la potestad de fabricar dinero.

Pero los bancos centrales tienen sus limitaciones porque han de velar por los equilibrios macroeconómicos cuya custodia tienen encomendada. Por eso, un especulador, George Soros, derrotó al Banco de Inglaterra apostando contra la libra en septiembre de 1992. Y el expresidente de la Reserva Federal (FED) Alan Greenspan asegura que los mercados y las fuerzas de la globalización doblegaron al poderoso banco central estadounidense cuantas veces éste intentó subir los tipos de mercado en 2004 y 2005. En España hay precedentes de bancos centrales que fueron arrastrados casi al desastre (el Banco de San Carlos, antecede a fines del XVIII del Banco de España) por su empeño de compra de deuda soberana para sostener al Tesoro.

Para el BCE convertirse en garante de la sostenibilidad de los Estados violaría de forma flagrante su estatuto y lo convertiría en comparsa de las necesidades fiscales de un Estado, vulnerando su misión, que es exclusivamente monetaria. Supeditar su política a las necesidades específicas de un país quebraría el principio de independencia frente a los Gobiernos y viciaría las funciones que cada cual (el BCE y los Gobiernos) tienen asignadas.

Este es un debate que se está reabriendo en algunos países por los efectos devastadores de la crisis. Pero cuando se cita a la FED como contraejemplo virtuoso de un banco central que actúa como financiador de último recurso, se omite que el banco central estadounidense no sale al rescate de los Estados miembros de la Unión en riesgo de insolvencia (sean California o Florida), no compra deuda pública que no tenga máxima solvencia (triple A) -lo que sí ha hecho el BCE, con gran enojo del Bundesbank alemán, comprando bonos griegos y españoles, entre otros- e interviene en los mercados de deuda con una finalidad estricta de manejo de las magnitudes monetarias, inyectando o retirando liquidez. La única diferencia nítida respecto al BCE es que mientras éste sólo tiene como mandato el control de la inflación, a la FED se le incorporó hace décadas la misión adicional de favorecer con su política monetaria la lucha contra el paro.

Alemania, el Bundesbank y el mismo BCE rechazan además que este se erija en garante de la prima de riesgo de un país. Y no solo porque ello podría involucrar al banco central en una espiral sin salida y someterlo a una distorsión de su misión. También porque este mecanismo podría inducir al Gobierno nacional a desatender sus compromisos de austeridad y ajuste fiscal, a sabiendas de que el BCE, una vez asumido el compromiso de anclar la prima en los 200 puntos, tendría que seguir inyectando recursos sin límite para garantizarla. Los recelos germanos obedecen a que esta dinámica forzaría al BCE a incurrir en crecientes políticas laxas, sometiendo con ello a toda la zona euro a un elevado riesgo -ahora o más adelante- de inflación y, por tanto, de descrédito del euro y de destrucción de empleo por pérdida de competitividad.